Una empresa de Salvatierra deberá pagar un recargo del 30% por una muerte por amianto

Tras el fallecimiento de José Manuel M.G., el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, «reconoció a su familia la prestación de viudedad derivada de enfermedad profesional», explicó Jesús Uzkudun, portavoz de la Asociación de Víctimas del Amianto, Asviamie. Pese a que la empresa recurrió fallo, tanto el Juzgado de lo Social número dos de Vitoria como el TSJPV ratificaron la decisión porque «quedó probado que en Atusa se trabajaba con amianto que recubría las mangueras de refrigeración, los hornos, las puertas de las toberas y del horno, se utilizaban placas de amianto en el desescoriado y también en los hornos de tratamiento térmico, sin que la empresa informase a los trabajadores en riesgo, ni les dotase de protección respiratoria, ni realizase ningún reconocimiento médico específico». De hecho, el Juzgado de lo Social número dos de Vitoria condenó en febrero de 2018 a la firma a indemnizar a la esposa y al hijo del operario con 94.429,15 euros en concepto de daños pese al recurso defendido por la empresa, dedicada a la fabricación de accesorios para tuberías.

Posteriormente, Asviamie presentó una solicitud para que se examinara la responsabilidad empresarial de la fábrica «por la falta de medidas de seguridad», que habrían provocado la enfermedad profesional y posteriormente la muerte del trabajador. La Inspección de Trabajo propuso que esas prestaciones económicas se incrementaran en un 40% con cargo a la empresa e incluso la Seguridad Social ratificó esta propuesta con efectos desde noviembre de 2017. Finalmente, «el TSJPV accede a reducir el porcentaje del 40 al 30% del recargo, dada la condición de fumador del trabajador fallecido», señaló Uzkudun.

Uzkudun insistió ayer en la «necesidad urgente de crear un fondo de compensación» que palíe «la histórica pasividad de la autoridad laboral y sanitaria derivada del incumplimiento empresarial de las normas preventivas para proteger la salud». Según Asviamie, «los continuos recursos judiciales de Atusa son un claro ejemplo del tortuoso camino al que se ven sometidas las víctimas y sus familias». El fondo de compensación debería complementarse, según la asociación, con un «control riguroso de los riesgos laborales producidos por la sustancias cancerígenas o tóxicas presentes en los centros de trabajo y cuyas consecuencias son mucho más graves que los accidentes».