Asegurar la convivencia y el cobro del alquiler público, los retos del Gobierno vasco

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Andrea Cimadevilla

La ley de 2015 fue la que convirtió al Gobierno vasco en «el mayor casero de Euskadi». Una gestión «complicada», pero «necesaria», según el propio Ejecutivo, que permite manejar los hogares con «más flexibilidad». «Este modelo es mejor como bien de derecho público porque deja de ser un negocio», dice el arquitecto Iñigo Viar. Algo parecido opina Ana Acasuso. Considera que «el alquiler permite dejar paso a otras personas que tienen necesidad una vez los inquilinos mejoren su situación económica y permiten tener un mayor control». «Antes incluso se podían vender las VPO que perdían la calificación y eso es injusto», añade.

Alokabide, la sociedad pública para la gestión del alquiler protegido en Euskadi, gestiona ahora 16.700 inmuebles repartidos por todo el territorio. «Nuestro gran objetivo es garantizar el mantenimiento, los cobros y que la convivencia sea buena», admite el viceconsejero de Vivienda, Miguel de los Toyos.

Otro gran reto es la «gestión de los cobros» y cómo actuar cuando se producen impagos, algo que cada vez más es más recurrente. Sólo en 2023 se gestionaron 3.995 deudas. Los alquileres gestionados por Alokabide a través del programa Bizigune pagan una media de 260 euros al mes, aunque hay personas que destinan «70 o 50 euros». Todo depende de la renta. Los alquileres gestionados por Alokabide «nunca superan el 30% del salario». Varían en función de la capacidad económica de los inquilinos.

Así y todo, De los Toyos dice que hay situaciones en las que «se llega al desahucio» después de «mil oportunidades para reconducir la situación». «Es complicado pero hay que ser justo. Euskadi no tiene un parque público de alquiler para alojar a todos los solicitantes y debemos atender a los que están esperando», concluye el responsable.