Artolazabal: «Estaban en riesgo los fondos europeos y nos exponíamos a una multa»

No cumplir ese cronograma hizo temer al Gabinete Etxebarria que Vitoria tuviera que reembolsar los alrededor de 800.000 euros que financia la instalación de la treintena de cámaras que vigilarán la zona acotada o la posibilidad de enfrentarse a una sanción económica, quizás más cuantiosa, por incumplir con la obligación nacional de habilitar una zona de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes.

«Si soy sincera, creo que sí, había un riesgo», responde tajante la concejala de Espacio Público,Beatriz Artolazabal (PNV). «La ZBE es una exigencia del Gobierno y el 19 de diciembre nos notifica que tiene que ir asociada a la etiqueta medioambiental. Y además teníamos solicitados Fondos Next para la implantación.El Ministerio nos exige que no podemos estar dos años sin etiqueta y esto tiene que arrancar el 15 de septiembre de este año. Y al colisionar ambas restricciones, entendimos que lo más prudente era retrasar el área de prioridad residencial», señala.

Reforma exprés de la normativa y un error de cálculo en la negociación política clave para sacarla adelante. El Gobierno en minoría PSE-PNVno informó de los cambios a EH Bildu, el único grupo de la oposición que permitió la aprobación inicial de la zona de bajas emisiones. Perplejo con las «modificaciones de calado» en la ordenanza original amenazó con vetarla.Los soberanistas, además, habían apostado siempre por prohibir la circulación por el Casco Viejo y determinadas calles del Ensanche; por la idea primigenia.

Artolazabal, que hoy hace autocrítica sin dudarlo, tuvo que negociar de urgencia con los independentistas –incluso llegó a recurrir también al PPpara buscar su abstención– para conseguir salvar la aprobación definitiva. «Reconozco que la tramitación de la segunda parte de la aprobación de la ordenanza no fue la más adecuada. Podíamos haberlo hecho de otra forma y teníamos que haberlo hecho de otra forma. En esos dos meses y medio el trabajo fue muy importante para no poner en riesgo la financiación y la posible sanción. Y soy consciente de que lo podía haber compartido con EH Bildu antes», reconoce.

La teniente de alcaldesa asegura que su prioridad fue «salvar la institución» porque «había una espada de Damocles y para marzo debía estar aprobada», lo que «finalmente se ha conseguido», y que los errores le sirven de aprendizaje «para hacer las cosas de manera diferente».

Bildu, recuerda, entendió cuáles eran los argumentos, aunque igual no los compartieron». Esas últimas «conversaciones leales» se materializaron finalmente en «una abstención para permitir que la ordenanza se aprobara, que era el objetivo que teníamos», subraya.