El Ararteko urge al Consistorio a actuar ante la «desprotección» de un niño de 6 años

El Ararteko urge al Ayuntamiento de Vitoria a actuar ante las «existentes sospechas de desprotección» en la que vive un niño de 6 años. Según la extensa resolución emitida ayer, la abuela del pequeño alertó en 2019 a los Servicios Sociales municipales de que los progenitores «padecen adicción a sustancias estupefacientes y alcohol, conflictividad en la pareja, funcionamiento familiar y desorganizado y falta de habilidades para la crianza». Cinco años después, la situación no se ha esclarecido, de manera que el Defensor del Pueblo vasco exige «no demorar más en el tiempo la valoración y en su caso la intervención».

La situación se recrudeció el año pasado, hecho por el que la abuela solicitó ayuda al Ararteko, quien a su vez pidió información sobre el caso al Ayuntamiento. En la respuesta señalaba que la intervención se inició en 2019, cuando el niño tenía un año, a solicitud de la abuela paterna. De igual modo, se informaba de que en el año 2020 se inició un proceso de investigación de desprotección, siguiendo el procedimiento fijado por el instrumento técnico Balora que se emplea ante estos avisos. Este concluyó que «existían sospechas», aunque «no había suficientes datos contrastados».

Preguntado al respecto de las medidas adoptadas desde entonces, el Consistorio responde que está realizando una intervención a través del seguimiento continuo e indirecto del menor. Un procedimiento que, confirmaron ayer fuentes municipales, sigue activo. Sin embargo, el Ararteko indica que «no se está realizando intervención socioeducativa o psicosocial alguna», tal y como recoge el Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Es decir, un acompañamiento para mejorar el entorno familiar, los hábitos y las actitudes, entre otros.

En ese sentido, la administración local, según el escrito del Ararteko, se justifica alegando que los progenitores del pequeño «rechazan» de manera absoluta la intervención del servicio social de base, por lo que se hace un seguimiento «continuo e indirecto» del menor. El Ararteko considera que esto no puede suponer la paralización o demora en la valoración de la situación de los niños. Asimismo, también afirma que los contactos mantenidos con los padres han sido «muy pocos». «Un contacto telefónico con la madre en 2022 y otros dos, con el padre y con la madre, respectivamente, en julio de 2023. El último contacto presencial con los progenitores fue en mayo de 2021».

Por último, da un tirón de orejas al Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones de Osakidetza (COTA). Y es que, según defiende el Ayuntamiento, este servicio no facilitó información porque los padres no habían firmado la cesión de sus datos. Aunque el Ararteko puntualiza: «Los servicios sociales municipales no precisan su consentimiento con el fin de recabar los datos necesarios sobre el entorno social y familiar de los niños».

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