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Abandonaron la sala de la Audiencia Provincial de Álava con gesto de alivio. No era para menos. De la petición fiscal de ocho años y nueve meses de prisión –para cada uno– como autores de una agresión sexual conjunta, pasaron a 5 años de ... alejamiento y comunicación con la víctima, una multa conjunta de 3.288 euros y dos años de prisión, que al carecer de antecedentes, no supondrá el ingreso de ninguno.
Así se cerró este miércoles el ataque sexual sufrido la noche del 3 de noviembre de 2017 por una joven en las cercanías de la Avenida de Gasteiz. Antes había coincidido en una discoteca de la calle Sebastián Fernández de Leceta con sus atacantes, con edades comprendidas entre los 18 y 25 años en el momento de los hechos. A la salida, uno de ellos quiso más. Ella se negó en redondo y en vez de aceptarlo, junto a los otros dos procesados, la metieron en un portal, donde la sometieron a tocamientos mediante coacciones. También hubo golpes. Para ella y un amigo que trató de protegerla. Este trío fue detenido casi de inmediato por patrulleros de la Policía Local.
Se pasaron los siguientes once meses en prisión preventiva mientras avanzaba la instrucción del caso. Varias contingencias ajenas a ellos, como el cambio de titular del juzgado, demoraron el juicio, que por fin se celebró este miércoles. Como suele ocurrir en el Palacio de Justicia, sus tres letrados hacía semanas que negociaban con la Fiscalía. Así que, minutos antes del pistoletazo de salida, timbraron un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Incluso para la víctima, personada como acusación particular.
Hubo una condición innegociable antes de explicar el trato a los tres magistrados de la sala, encargados de validarlo; la compensación económica. Entre los tres ingresaron los 3.288 euros en la cuenta a nombre del juzgado y, una hora y media después de la hora prevista, arrancó la sesión en la segunda planta del Palacio de Justicia vitoriano.
Como marca el protocolo, sus señorías dieron el visto bueno al pacto oral. A todo menos a un detalle. Los procesados, que aceptaron su autoría, y la víctima son de origen latinoamericano. Sin embargo, dos carecen de papeles, por lo que deberían ser expulsados, como reclamó la fiscal, «durante cinco años».
A esta condición se opusieron los abogados defensores. «Alegaremos arraigo social», anunciaron. Es decir, que tienen aquí a su familia. «Se lo darán», vaticinan fuentes judiciales consultadas por este periódico. De hecho, la compañera sentimental de un encausado y su hijo en común le aguardaban en el pasillo.
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