Okupas en Euskadi

Alokabide coloca una puerta antiokupas cada 3 días en sus pisos sociales de Álava

Según asegura una portavoz oficial, estas puertas especiales «se colocan de forma preventiva allí donde se considera más necesario para intentar evitar que las viviendas sufran okupaciones ilegales, durante el periodo en que se encuentran pendientes de reforma o adecuación para una nueva adjudicación o durante el propio proceso de adjudicación entre la salida de un inquilino y la entrada del siguiente». Alokabide maneja directamente 3.479 pisos en Álava y otras 859 a través del programa Bizigune que quedan fuera de este sistema de seguridad.

Según los inquilinos de estas viviendas sociales, al menos «dos grupos» se dedican en Vitoria y alrededores a okupar pisos sociales vacíos en esos intermedios. Esto es, durante los cambios moradores. En la inmensa mayoría de los casos cuentan con «chivatazos de habitantes de esos portales», refieren habitantes de estos bloques. Oficialmente, ni la Ertzainza ni la Policía Local tienen constancia de la existencia de estas supuestas mafias.

¿Cuál es la situación en el resto del País Vasco? En Bizkaia, las puertas colocadas entre enero y diciembre del año pasado ascendió a 117 unidades para 2.905 domicilios. Mientras que en Bizkaia fueron 56 elementos de protección.

Al menos, este centenar exacto de puertas de seguridad armadas en Álava representa una bajada espectacular respecto al ejercicio anterior, cuando se rompieron todos los esquemas con 209 elementos antiintrusión colocadas temporalmente. Más que Bizkaia (123) y Gipuzkoa (31) juntas. Pero si se echa la vista atrás, confirma que el fenómeno okupa sigue muy vivo por estos lares. La memoria de 2020 sólo reflejó «41» elementos de seguridad instalados, por 6 de Bizkaia y ninguno de Gipuzkoa. La de 2018, cero.

Y aunque Alokabide en ningún momento precisa el número de sus adjudicatarios, su resumen anual deja una reflexión preocupante. El documento habla de que el «aumento significativo de casos que incurren en impago de las obligaciones de renta y otros gastos (como suministros energéticos) debe abordarse con una estrategia comprensiva, que busque la estabilidad habitacional de las personas más vulnerables, a la vez de garantizar el rigor en la gestión de los recursos».

Ese «incremento» de morosidad obligó al organismo a «un importante esfuerzo financiero y, sobre todo, a un refuerzo de los canales de comunicación con las personas inquilinas». En este contexto, esta sociedad pública gestionó «3.995 casos de impagos» en el País Vasco a lo largo del pasado año 2023. Se desconoce qué porcentaje supone este número en el global de usuarios de este programa de ayuda a personas vulnerables.