'Caso de Miguel'

¿Por qué De Miguel ha tardado más de trece años en pisar la cárcel?

Para entender la eternidad que ha transcurrido desde entonces, sólo hay que comprobar que el día antes de la detención de 'Txitxo' -como sus amigos conocen a De Miguel- ETA cometió el que a la postre sería su último asesinato, el del brigadier francés Jean Serge Nerin, o que la diplomacia de la Unión Europea estaba entonces en manos de una británica.

Pero, ¿por qué ha tardado tanto en resolverse el caso?

El juez instructor Roberto Ramos ordena el arresto de Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano, sus tres esposas, el constructor Jon Iñaki Echaburu y el gerente del parque tecnológico de Miñano, Alfonso Arriola. El caso tiene su origen en la denuncia que cuatro meses antes había presentado la abogada-urbanista Ainhoa Alberdi ante la Fiscalía Provincial de Álava después de que el cabecilla de la trama le reclamase 100.000 euros a cambio de que se le adjudicara un contrato, unas presiones que incluso se realizaron en la sede de la Diputación de Álava y también a través de su padre.

El entonces diputado general de Álava, el fallecido Xabier Agirre, pide tolerancia cero contra la corrupción y De Miguel deja su cargo de titular foral de Administración Local, un equivalente a la cartera de Urbanismo.

Durante la primavera de 2010 empieza a conocerse que los tentáculos de la 'trama De Miguel' alcanzaban hasta el área de Juventud del Gobierno vasco. 'El Correo' desvela que el 'macropelotazo' urbanístico que preparaban en Zambrana y que se fue al traste con la llegada de Aitor Abecia a la alcaldía de este pequeño pueblo alavés.

De Miguel, Tellería y Ochandiano entregan su carné de afiliados del PNV.

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, recibe con un efusivo abrazo a Alfredo de Miguel, antes de comparecer en la comisión de investigación, donde se limita a leer una intervención que traía escrita.

Casi cinco años después de las primeras detenciones, el juez Roberto Ramos da por cerrada la investigación del 'caso De Miguel'.

La Fiscalía hace pública su petición de penas para los 26 imputados en el caso. Para Alfredo de Miguel se piden 54 años de cárcel, mientras que para sus socios Aitor Tellería y Koldo Ochandiano reclama 32.

El juicio del 'caso De Miguel' arranca en el Palacio de Justicia de Vitoria. Fue necesario hacer obras para ampliar una sala y acoger a los 26 imputados y una veintena de abogados.

Comparece Ainhoa Alberdi. Su declaración prácticamente se corresponde con su denuncia. Relata que la sensación de «impunidad» con la que le solicitaban «pasar por caja» provocó que empezara a registrar con una grabadora los diversos encuentros que mantuvo con los principales responsables del entramado. «Me sorprendió esa alegría (a la hora de solicitar 'mordidas') y de ahí, mi temor. Si esto era tan fácil de hacer no sería la única a la que se le había hecho», apuntó. La letrada indicó que todo esto le supuso un veto para acceder a contratos públicos. Alberdi relató cómo una «persona política» que «sabe cómo funciona este tipo de asuntos» le sugirió que dejase de esforzarse presentándose a los procesos públicos de adjudicación «durante muchos años».

Los tres principales acusados negocian con la Fiscalía un acuerdo para confesar a cambio de una reducción de sus condenas y sus mujeres salieran impunes. Casi un mes después, De Miguel rompe las conversaciones y sus dos socios, siempre fieles, siguen la misma estrategia.

Se retoma el juicio con la declaración de Alfredo de Miguel. Pese a haber estado a punto de llegar un pacto con el Ministerio Público, niega haber pedido comisiones y formar parte de una red corrupta.

Josu Arruti confiesa que 'Txitxo' le sugirió que reclamasen una comisión de 322.000 euros a unos empresarios catalanes. «¿Qué te parecería que, al margen de tus honorarios, les pidieras una comisión para ti y para mí?», le sugirió De Miguel, con quien mantenía amistad tras su paso por las juventudes jeltzales, EGI. «¿Por qué esa cantidad?», preguntó el fiscal Manuel Pedreira a Arruti. «No existe una tabla para calcular comisiones ilegales», respondió.

El fiscal reduce su petición de penas a treinta años para Alfredo de Miguel, catorce para Aitor Tellería y trece para Koldo Ochandiano.

El fiscal Josu Izaguirre asegura que la 'trama De Miguel' actuaba como la «mafia siciliana». Sostiene que en el juicio quedó acreditada la existencia de un «auténtico manual de fraude en la contratación pública« y de un «plan para depredar» fondos.

El abogado de De Miguel afirma que la Ertzaintza «manipuló» pruebas del sumario para perjudicar a su cliente. La misma estrategia seguirán en las jornadas posteriores los abogados de los principales acusados.

El juicio queda visto para sentencia. En su último turno de palabra, Alfredo de Miguel dice que se arrepiente «de manera sincera» de sus posibles errores pero que «no se enriqueció de manera ilícita».

Lectura de la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava. Condenan a De Miguel a trece años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, cohecho, falsedad documental, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Los jueces Jaime Tapia, Raúl Aztiria y Elena Cabero (la ponente del caso) fijan una pena de cárcel de seis años para Tellería y Ochandiano. A Xabier Sánchez Robles, antiguo director de Juventud del Gobierno vasco, le caen siete años de pena.

Los jueces desestiman la petición de la fiscalía para que los principales condenados entren en prisión.

El Tribunal Supremo empieza a estudiar los recursos presentados por las defensas de los principales acusados tres años después de la sentencia de la Audiencia Provincial. La pandemia ralentiza aún más este eterno proceso.

La oposición y el PSE rechazan que Alfredo de Miguel ejerza como represente del Gobierno vasco en actos públicos a través de una filial de la sociedad pública Hazi. Koldo Ochandiano, de baja, conserva por aquel entonces el cargo de contable en el parque tecnológico de Miñano y Xabier Sánchez Robles es funcionario en la Diputación de Bizkaia.

El Supremo hace pública su sentencia. Prácticamente confirma las penas impuestas por la Audiencia Provincial y establece doce años de prisión para Alfredo de Miguel.

La Audiencia Provincial de Álava da diez días de margen a De Miguel, Sánchez Robles, Ochandiano y Tellería para entrar en prisión. Cabe recurso y los abogados no dejan escapar esa oportunidad.

Ingresa en prisión el primer condenado por el 'caso De Miguel'. Se trata de Xabier Sánchez Robles. Empieza a cumplir una condena de siete años y un mes de cárcel por diversos cargos vinculados con la corrupción política.

La jueza Elena Cabero decreta el ingreso en prisión «sin demora» de los principales acusados. En un duro escrito descarta la posibilidad de que prospere el indulto que se ha solicitado por parte del entorno de 'Txitxo'. «Sopesando los hechos juzgados y las condenas que se le impusieron (máxime cuando se le ha considerado cabecilla de la asociación ilícita que se formó), con las alegaciones en relación a sus circunstancias sociales y personales, la gravedad y la extensión de los hechos realizados a varias instituciones públicas de esta comunidad autónoma hacen difícil la prosperabilidad del indulto solicitado», recalca.

Koldo Ochandiano entra en el centro penitenciario de Zaballa, en Álava. Había alegado razones médicas para no hacerlo, pero los jueces se lo denegaron.

Expira el plazo de 72 horas que estableció la jueza Elena Cabero para el ingreso en prisión de los condenados. Si no lo hacían antes de este jueves, se procedería a su detención por parte de la Ertzaintza.