Más de 200 alaveses han tramitado su autoexclusión de las apuestas 'on line'

La inclusión en el RGIAJ, organismo dependiente del Ministerio de Consumo, repite el mismo procedimiento que efectúan los ludópatas que se autoprohíben el acceso a bingos, casinos y casas de apuestas físicas. «Cuando una persona detecta y busca erradicar su patología, una de las medidas de protección que existen en España es la inscripción en el registro de autoprohibidos, lo que les impide el acceso a la actividad», detallan.

Al darse de alta, la Administración y las empresas imposibilitan la entrada a los portales 'online' donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente las personas que quieren protegerse «a sí mismas y también a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego», reiteran desde Consumo.

El censo de autoexcluidos en Euskadi creció un 12,04% en 2020 al pasar de 992 a 1.033. Álava fue el territorio donde menos subió el número de apostadores, un 7,37% al pasar de 190 a 204. El aumento en Bizkaia fue del 11,91% –de 512 a 573– mientras que en Gipuzkoa se disparó al 16,36%, al contabilizar 256 usuarios frente a los 220 de 2019.

Aunque las apuestas digitales se relacionan fundamentalmente con la población juvenil, las edades de los jugadores que tratan de combatir esta adicción abarcan un amplio espectro. «No hay grandes diferencias, igual que tampoco predomina de un modo muy relevante un género sobre otro», sostienen los expertos.

El RGIAJ creció un 12,02% en el conjunto de España en 2020 hasta alcanzar los 56.329 inscritos, 6.042 más que un año antes. Andalucía es la región con más personas en el listado de autoprohibidos, 13.811, que suponen el 24,52% del total. Le siguen Madrid (17,03%) y Aragón (9,32%). Entre las comunidades donde más aumentó el censo destacan Baleares (56,9%), Castilla-La Mancha (23,56%) y Murcia (23%).

A día de hoy, el RGIAJ sólo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego 'online' de ámbito estatal y no existe una conexión –salvo Castilla-La Mancha– con los registros de las comunidades sobre las apuestas presenciales. En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a los portales 'online', que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, cuya actividad regulan las autonomías, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.

El Ministerio de Consumo pretende que la inscripción se extienda a todos los registros como forma «de potenciar la protección institucional a las personas y familias que más lo necesitan por sus trastornos del juego». En septiembre pasado, los gobiernos central y autonómicos alcanzaron un acuerdo para interconectar los registros, con el voto en contra de Cataluña y la abstención de las comunidades de Euskadi y Valenciana.