La mayor estafa de España

El alavés que estafó a 55.000 personas con una criptomoneda ficticia

Dos millones de personas accedieron a sus webs y charlas, tanto presenciales –en hoteles de lujo– como 'online'. No menos de 55.000 interesados aflojaron la cartera con la esperanza de mejorar su situación económica. La empresa se embolsó un mínimo de 50 millones de dólares (46 millones de euros al cambio). Algunas estimaciones elevan la cifra a «228 millones de dólares (209 millones de euros)».

El pasado abril, casi una década después, 22 involucrados en este descomunal timo 'online' comparecieron ante la Audiencia Nacional, en Madrid. Entre ellos, un hombre nacido en Vitoria hace 54 años. La sentencia, emitida hace unos días y a la que ha tenido acceso EL CORREO, le coloca en el segundo nivel de la estructura de este «grupo criminal». Efectivos de la Policía Nacional le detuvieron «en julio de 2015 en Fuengirola» por su implicación. Desde entonces aguardaba en libertad con cargos la resolución de esta causa.

El fallo del magistrado Juan Francisco Martel Rivero asegura que este supuesto experto digital era uno de los «principales formadores y miembros destacados de la empresa» y que en aquella época «participa activamente en conferencias y charlas» para captar víctimas. No lo dice porque sí.

El interesado admitió esa implicación a cambio de una rebaja de su pena acordada con la Fiscalía y las acusaciones particulares, en representación de 318 perjudicados personados en la causa. Su condena comprende un global de un año y medio de cárcel, que no entrañará el ingreso siempre que no vuelva a delinquir a medio plazo. Los delitos cometidos son «integración en grupo criminal» y «estafa agravada». También ha abonado 1.080 euros de multa.

Como él, otros dieciséis implicados llegaron a una conformidad con los afectados. No así los dos cabecillas, una pareja sentimental que al final también ha recibido penas menores. Ellos fueron los ideólogos de Unetenet, cuyo radio de acción se centró en España, Italia y Latinoamérica. Se presentaban en las redes como los típicos triunfadores hechos a sí mismos.

En realidad levantaron un conglomerado de compañías pantalla por medio mundo con el objetivo primordial de ocultar la mayor parte del dinero obtenido. El fallo judicial considera al ciudadano alavés como «cooperador necesario» para que sus jefes recibieran la mayor parte de esos millones ganados con malas artes.

Durante la ardua labor de investigación, que duró más de cuatro años, la Policía Nacional descubrió compañías ficticias y cuentas opacas bajo el control de este grupo en Belice, Malta, Liechtenstein, Croacia, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Eslovenia, Emiratos Árabes Unidos y Letonia. La mayoría son paraísos fiscales.

Cuando el castillo de naipes empezó a desmoronarse, esta red se inventó una criptomoneda con un valor parejo al dólar estadounidense. Fue más humo. De manera paralela, sus transacciones millonarias entre cuentas llamaron la atención de las autoridades letonas, donde se supone que se oculta buena parte del dinero desviado. El banco Rietumo bloqueó la cuenta con unos 25 millones de euros. Recuperar su control para asumir las indemnizaciones es el gran objetivo de la Audiencia Provincial y de las acusaciones particulares.

«El último intento será enviar la sentencia cuando sea firme porque hasta ahora todos los intentos han sido en vano», informa Francisco Damián Vázquez, abogado de varias víctimas. «El problema es que esa entidad cobra un interés muy alto por mantener ese depósito, lo que poco a poco está bajando la cantidad económica».

Preguntada por este periódico, la entidad financiera se niega a aportar detalle alguno. «La información sobre los clientes del banco no es divulgable y sólo se proporcionará a los propios clientes o a los funcionarios pertinentes», se escuda su portavoz, Eleonora Gailisha.

La Audiencia Nacional se ha centrado en ese depósito opaco localizado en Riga porque de otros países simplemente ni les han atendido. «Por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos», admite Vázquez. «No hubo respuesta», abunda la sentencia.

Este estafador alavés no ha respondido a los mensajes de este periódico, mientras que su abogado se acoge a su «acuerdo de confidencialidad» con su cliente para no dar su versión. Aún hay colgados vídeos suyos en los que ofrece paquetes para «crear contenido en internet» por 98 euros.