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En un momento especialmente delicado para el sector vinícola aquí y en prácticamente todas las regiones vitivinícolas del mundo, la consejera de Agricultura del Gobierno vasco, Amaia Barredo, se reunió ayer en Logroño con sus homólogos de La Rioja y Navarra. Su mensaje fue de ... unidad y recalcó la necesidad de «establecer una hoja de ruta consensuada, que contemple medidas estructurales dirigidas a fortalecer la calidad, la diferenciación y diversidad para mejorar la rentabilidad del sector».
La 'cumbre' llega después de que las administraciones autonómicas hayan destinado 60 millones de euros para combatir la profunda crisis que golpea el sector. De ellos, según Barredo, 25 corresponden al Gobierno vasco. En el encuentro que la consejera mantuvo con la titular riojana del ramo, Noemí Manzanos, y el navarro José María Aierdi, la jeltzale puso a disposición del Consejo Regulador «los medios técnicos y humanos del Gobierno vasco para implementar medidas que permitan solventar las cuestiones referidas a la comercialización del vino y a otros retos inmediatos, como son el cambio climático o el relevo generacional».
Hubo sintonía, al menos así se desprende de las palabras de los tres consejeros, y algún que otro acuerdo como la solicitud conjunta que se elevará al Ministerio de Agricultura para que la DOCa Rioja, territorio que comparten las tres regiones, tenga más peso en el reparto de fondos europeos de la Intervención Sectorial Vitivinícola o para que se elimine burocracia de las ayudas a la inversión comercial en terceros países que, aseguraron, «detrae a empresas que al final optan por no presentarse».
De fondo, la cuestión evidente es la situación crítica que atraviesa la DOCa Rioja que, después de dos años confiando prácticamente todo a una recuperación por sí misma de la comercialización, las cifras de venta están incluso por debajo del suelo marcado por la pandemia, con lo que el sector tendrá que afrontar decisiones, con toda probabilidad estructurales, a corto plazo.
Aunque el PNV defiende la autogestión de su zona de forma descentralizada al Consejo Regulador, Barredo eludió entrar en el tema: «El objetivo de la reunión no era exponer la línea de trabajo de cada comunidad autónoma, sino ver en qué podemos trabajar de manera conjunta».
«Nosotros hemos puesto sobre la mesa las ayudas que el sector nos solicitó para cosecha en verde y destilación, y nadie puede dudar de que las tres administraciones autonómicas hemos cumplido», explico por su parte la consejera riojana, que recordó que la comunidad vecina ha inyectado 38 millones de euros de recursos propios en 13 meses.
Respecto a la posibilidad de arranques de viñedo dado el desequilibrio productivo y comercial de Rioja, Barredo fue cauta: «No contemplamos ni dejamos de contemplar nada, lo que queremos es una relación directa con el sector y sentarnos con ellos en las comisiones técnicas para trabajar en una línea de medidas a futuro».
Por su parte, José María Aierdi, de un Ejecutivo navarro que ha destinado diez millones al sector del vino en los dos últimos años -unos siete millones para viticultores y bodegas de Rioja y otros tres para la DO de esa comunidad-, aclaró que «cada año se producen arranques y cambios varietales en las explotaciones agrarias, pero lo cierto es que, efectivamente, los hábitos de consumo a nivel mundial se han reducido y ello exige compartir la estrategia». «No podemos estar tomando decisiones año a año -agregó- sin una perspectiva de futuro y está claro que medidas estructurales requieren la implicación de las administraciones, como hoy, y trabajar coordinadamente con el sector, que es quien vende y produce el vino».
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