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Las páginas de compras online más populares ofrecen detectores de metales a partir de 62,1 euros. Si bien su tenencia es legal, su uso ... se considera «ilegítimo» ya que puede generar importantes daños al patrimonio. Según ha podido saber EL CORREO, la Diputación de Álava ha registrado en los últimos cinco años 28 casos de lo que considera prácticas de «expolio» y que, por lo tanto, se han puesto en conocimiento de la Ertzaintza para que se investiguen. En 2020 se abrieron doce expedientes, en lo que supuso una moda pasajera tras el confinamiento o una mayor sensibilidad que provocó que aumentase el número de denuncias interpuestas.
Esas búsquedas en muchas ocasiones se realizan alrededor de yacimientos y zonas de altísimo valor patrimonial. En cuatro ocasiones, de hecho, se localizó a gente con detectores e incluso removiendo tierra en Iruña Veleia, una de las grandes joyas del territorio. También se han observado en los alrededores del dolmen de La Mina, la necrópolis de La Magdalena (ambas en Lantarón), el parque megalítico de Legaire (sierra de Entzia), el campo de batalla de Andagoste (Cuartango) o la iglesia de Santa María de Osma (Valdegovía).
Las catas y excavaciones por parte de aficionados quedan al margen de la ley, pero incluso si alguien encuentra una pieza mientras camina por el monte está obligado a respetar un protocolo y completar una serie de trámites administrativos para evitar que se destruya el contexto arqueológico del que procede, ya que es lo que verdaderamente le aporta valor. Por eso, hay que comunicárselo de inmediato al Museo de Arqueología de Álava (en el Bibat) para que así sus técnicos se encarguen del estudio y la posible recogida.
Un procedimiento burocrático que, en la mayoría de las ocasiones, no siguieron los protagonistas de los 28 expedientes abiertos por la Diputación en el último lustro. Y es que muchos hicieron remociones, agujeros, catas clandestinas y desentierros. Tampoco dudaron en llevarse cosas a su casa. Algunos incluso se vanagloriaron a través de artículos en revistas especializadas -sucedió con materiales de la Guerra Civil hallados en Legutio- y uno se atrevió a «quejarse» ante la Administración foral porque los arqueólogos profesionales le recriminaron sus malas prácticas.
«Desde el museo se hace un seguimiento de las denuncias, avisos, noticias y hechos relacionados con el expolio arqueológico y con el uso de los polémicos detectores de metales. La casuística es muy variada, ya que puede ir desde una mera consulta al museo sobre el uso de estos artilugios hasta la constatación de un acto de expolio», explica la diputada foral de Cultura, Ana del Val (PSE), en una respuesta por escrito al portavoz de EH Bildu en Juntas Generales, Kike Fernández de Pinedo.
Pero ese control resulta complejo y claramente imperfecto. Por una parte, porque Álava y Bizkaia cuentan con reglamentos distintos y Gipuzkoa ni siquiera se ha preocupado en desarrollar uno sobre esta materia. Los guardas forestales, además, carecen de competencias en la protección del patrimonio. Así que la mayoría de expolios detectados por la Diputación llegan a través del Instituto Alavés de la Arqueología (IAA), ciudadanos que observan estas situaciones o los propios infractores que confiesan su descubrimiento a las autoridades, en algunas ocasiones evidenciando un desconocimiento de la ley.
A lo largo del recién concluido 2021, se han abierto tres expedientes en el territorio alavés; además, se han entregado en el Bibat «tres cajas con material» recogido en Otxandio (Bizkaia). A finales de marzo se constató que se había removido tierra para buscar objetivos de la Guerra Civil en Atxuri, Zigoitia; un ciudadano que realizó exploraciones en Zabalgana se puso en contacto con la Diputación en junio y un tercero rondaba el monte San Pedro de Amurrio.
EN SU CONTEXTO
casos se registraron en 2020. En el monolito de La Majada Urabain, entre Leza y Laguardia, el dolmen de La Mina, la necrópolis de La Magdalena, el monte San Miguel, el barranco de Okina, Andagoste, Iruña Veleia y varios puntos del municipio de Vitoria.
El valor de una pieza reside en su contexto arqueológico y en la necesidad de estudiar su entorno. Por eso, aunque se trate de un hallazgo fortuito hay que llamar a la Diputación para que se analice.
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