Álava, entre las 21 provincias donde se ha destapado un fraude millonario por el cobro indebido de pensiones

Además de las pesquisas realizadas en el territorio histórico alavés, los agentes han actuado en otras veinte provincias: Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Girona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.

El punto de partida de las investigaciones policiales se produjo a raíz de que comenzaran a recibirse varias denuncias de hechos similares en diferentes puntos del país. Se daba la circunstancia de que «la mayoría de los implicados en el beneficio de estas cuantías abonadas de forma ilícita eran personas cercanas a los fallecidos, como hermanos, hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y exparejas», desgrana el Ministerio del Interior.

La Policía Nacional apunta que no todos los responsables identificados han podido ponerse a disposición de la autoridad judicial. ¿El motivo? Algunos han fallecido; otros están enfermos graves o tienen una edad avanzada. De igual modo, otros residen en Alemania, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Suiza y Venezuela.

Esta operación ha supuesto todo «un reto organizativo» para los investigadores, según subraya la Policía. Y para muestra, un botón. Se han analizado 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias, 23 casos con más de 100.000 euros defraudados, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos antes del año 2000 y 11 muertes de pensionistas españoles ocurridos en el extranjero. Gracias a los mecanismos establecidos legalmente, hasta el momento se han podido recuperar 3.893.787,08 euros del total defraudado, han apuntado fuentes policiales.

Entre los casos investigados, la Dirección General de la Policía ha resaltado el caso de una mujer que, con el propósito de disponer de la cuenta bancaria de su madre fallecida cuatro años antes, se acercó al banco con otra persona que suplantó la identidad de su progenitora. De esta manera, consiguió el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta. La implicada se benefició de más de 200 disposiciones en efectivo, que han supuesto un fraude al Instituto Nacional de la Seguridad Social de más de 74.000 euros, abonados durante más de 20 años de forma indebida.

Otro de los detenidos es un empleado de banca que, «aprovechando sus conocimientos en el puesto y abusando de la confianza de sus compañeros de oficina», llegó a realizar hasta 62 reintegros de la cuenta de una mujer fallecida. Éstos habían sido abonados indebidamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Para cometer los hechos, este hombre falsificó los justificantes de efectivo y las cartillas bancarias de la pensionista fallecida.

Con el fin de justificarse en su puesto de trabajo, aprovechaba los momentos en los que atendía a personas de avanzada edad para indicar a su compañero de ventanilla que la cliente era muy mayor, que no podía estar permanecer de pie al tener dificultades de movimiento. Acto seguido, la invitaba a esperar sentada. Con esa estratagema, conseguía que en caja le entregaran el dinero con la falsa creencia de que la mujer que estaba sentada era la titular de la cuenta. El arresto del trabajador se produjo mientras extraía dinero en un cajero automático de la propia entidad a la que había robado previamente.