Álava y Madrid pactan acelerar trámites ante el enorme retraso del soterramiento

Las tres instituciones vascas competentes en el colosal proyecto, representadas por el consejero de Transportes, Iñaki Arriola (PSE), el diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), y el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), pidieron avances al secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura (PSOE), e hicieron valer el acuerdo de financiación que alcanzaron cuando las estimaciones rondaban los 737 millones de euros. El titular de Transportes de Lakua, de hecho, aseguró en la reunión que la infraestructura se costearía «sin ninguna duda». En principio, ese montante se reparte en un 50% a costa del Estado, un 25% por Lakua, un 15% por Vitoria y un 10% por la Diputación.

Los máximos responsables territoriales percibieron buena sintonía por parte de la Administración central, que acordó acelerar trámites para tratar de cumplir con el nuevo escenario de plazos. «Las instituciones que formamos parte del desarrollo futuro de la entrada soterrada compartimos que es importante trabajar con la máxima celeridad posible. Es un proyecto fundamental para la ciudad, el territorio y el conjunto de Euskadi», aseguró el diputado general, Ramiro González (PNV), a la salida del cónclave.

El acuerdo de este lunes se basa en que el proyecto constructivo pueda elaborarse de forma simultánea a la aprobación del estudio informativo –un trámite previo–, que todavía está pendiente. «Es un proyecto con muchas alegaciones y trabajo de por medio. Requiere estudios ambientales que se están acometiendo», reconoció Arriola, quien realizó un «llamamiento al Ministerio de Transición Ecológica para que agilice cuanto antes los trámites». La llegada de la alta velocidad continúa enquistada en la aprobación del estudio informativo que se publicó hace ahora dos años. Sin él, el proyecto del soterramiento y otros que dependen directamente de él no pueden dar pasos adelante.

Las instituciones vascas se encuentran desde entonces a la espera de la respuesta a las más de 11.000 alegaciones que se enviaron desde Vitoria de forma oficial –para corregir el proyecto– y a través de plataformas ciudadanas. En ese impás, el documento no podía modificarse y, como es lógico, tampoco redactarse el proyecto constructivo de la que ha sido calificada como «la obra del siglo» para la capital alavesa.

Este paso, el principal y casi único que se dio durante la reunión, permitirá que la espera a la aprobación del estudio informativo no sea en vano, sino que el proyecto se podrá perfilar para que el concurso público de la obra se convoque con mayor rapidez. El avance evita sobre todo el enquistamiento total de la llegada soterrada de la alta velocidad, y sella un cierto grado de compromiso después de tres años sin contactos con Madrid.

A pesar de la crisis económica derivada de la pandemia y del escepticismo que ha crecido en torno a la obra en los últimos años, las administraciones vascas mantienen la fórmula de reparto del coste, a partes iguales entre Madrid y las instituciones vascas. «Hemos trasladado la importancia estratégica de la llegada de la alta velocidad soterrada a Vitoria para nuestro futuro. También hemos acordado la necesidad de agilizar los trámites en la medida lo posible», subrayó Gorka Urtaran tras la reunión.

El regidor de la capital alavesa había pedido en los últimos meses «que se cumplan los acuerdos» en relación a los términos económicos, criticó los «retrasos» de los trámites y acusó al Gobierno de «falta de voluntad» para llevar adelante el proyecto. Por otra parte, aseguró que Vitoria cuenta con recursos suficientes para costear los trabajos en las condiciones pactadas, a pesar de las grandes limitaciones inversoras que evidencia en cada presupuesto.

El Gobierno vasco, en este sentido, planteó su propia ecuación para llevar a cabo el proyecto. La propuesta contempla que el Ejecutivo de Pedro Sánchez les encomiende la ejecución de algunos tramos del recorrido de la Y vasca, y que la financiación se descuente a través del cupo en los próximos años. De esta forma, Lakua licitaría y ejecutaría por su cuenta la construcción de una parte del trazado. A su juicio, esta vía «aceleraría» los trabajos y evitaría un eventual desencuentro por las dudas del desembolso. La fórmula se llevará a cabo en el tramo entre el nudo de Arkaute y Salburua, pero la idea no podrá aplicarse a los accesos a las ciudades. En Vitoria, con una obra que ha de ejecutarse mientras Adif mantiene el servicio ferroviario, este organismo no es favorable a desprenderse de la garantía que le da el control de los trabajos.

En el caso del Ayuntamiento, las cuentas se solventarían con un endeudamiento previo y con la venta de suelo del espacio liberado con el soterramiento. En ese nuevo corredor, por el que pasaría el tranvía que conectaría Zabalgana y Salburua, se levantarían unas 1.300 viviendas y edificios de oficinas. Este planteamiento, que ya se contemplaba en un estudio realizado por Idom en 2019, se traduciría en unos aprovechamientos urbanísticos por valor de 120 millones de euros. Esa fue la última cifra lanzada por Urtaran, que la pasada semana puso de nuevo sobre la mesa el corredor verde entre el este y el oeste de la ciudad. La cuantía cubriría la factura correspondiente a la Administración local, fijada en algo más de 110 millones. Sin venta de suelo, la financiacón local es inviable. La ciudad apenas puede dedicar más de 25 millones a inversiones cada año.

El coste exacto de la integración del TAV en Vitoria, sin embargo, se encuentra todavía en el aire por el incierto impacto ambiental del proyecto. Así lo advirtió en una reciente entrevista el consejero de Transportes y Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, quien puso el foco en las posibles modificaciones que pueden encarecer los trabajos de forma «sustancial».