Llodio, Amurrio y Salvatierra copan el parque alavés de vivienda pública para jóvenes

El plazo en el que se materializarán esos proyectos, rara vez vistos desde la 'crisis del ladrillo', es variable. Desde promociones a las que les falta sólo la adjudicación de inquilinos, obras que se espera que finalicen en esta legislatura hasta inmuebles que se demorarán, por lo menos, una década.

La última promoción de vivienda pública que ofreció el Consistorio de Llodio, la urbanización de Apaloeta, se entregó en 2011 con 174 pisos protegidos y otros 29 sociales en régimen de alquiler. Ninguna política más en los siguientes trece años. Para acabar con esa larga sequía residencial en la segunda localidad con más vecinos del territorio, el Ejecutivo autonómico aprobó a principios de este ejercicio la construcción de 80 viviendas de VPO en el barrio de Goikoplaza. Se trata de una fase preliminar ya que, de momento, Vivienda no ha precisado cuándo podría arrancar la obra, pero la sociedad pública Visesa «ha sacado la licitación para contratar la redacción de proyectos», de 56 pisos que se va a construir en el aparcamiento de Odeibar, explican portavoces del departamento. Las 24 restantes se levantarán en el número 10 de Goikoplaza. El presupuesto que se baraja para ambas supera los 12,5 millones de euros.

Amurrio lleva el mismo tiempo que Llodio sin ofertar vivienda pública, después de que en 2011 concluyera la construcción de 50 VPO en la calle Lucas Rey. No obstante, aquí, esperan atajar la dilatada espera mucho antes y pronto se adjudicarán 42 viviendas de alquiler social (la inscripción a Alokabide se abrió en diciembre) ubicadas en el área de Federico Barrenengoa de las que 16 se reservarán a menores de 36 años. Esta tanda inicial se completará con otras 60 viviendas, que todavía se están construyendo, en la misma zona.

En total, estos 102 pisos supondrán una inversión de 4,2 millones. Y, según explica el alcalde de la localidad, Txerra Molinuevo, este impulso se sumará al ya dado con las con ayudas al alquiler de viviendas de titularidad privada para residentes de hasta 35 años. Estas subvenciones -«incompatibles con otras con idéntico concepto otorgadas por otras instituciones»- alcanzarán hasta los 350 euros, en función de los ingresos anuales y el alquiler mensual de cada solicitante. Por otra parte, está en marcha la rehabilitación del barrio de Goikolarra, que mejorará la eficiencia energética de estos edificios antiguos, así como sus problemas de accesibilidad.

El palacio Bustamente, un edificio barroco del Casco Histórico de Salvatierra, se convertirá a finales de este año, si los plazos se cumplen, en un inmueble con 11 nuevas viviendas de alquiler para jóvenes que tendrán un coste de entre 150 y 420 euros, en función de la tipología de cada piso. El proyecto, que está apunto de entrar en la fase de redacción y tiene un coste cercano al millón de euros (que sufragarán, en parte, con subvenciones del Ejecutivo autonómico) persigue «cubrir la necesidad de viviendas asequibles para la juventud, así como revitalizar esta zona del pueblo», apunta su alcalde Raúl López de Uralde.

Empezarán por un inmueble en desuso que antes fue residencia de ancianos, pero de forma paralela, el Consistorio de la capital de la Llanada Alavesa también negocia la creación de 56 viviendas de alquiler social, que se ubicarían cerca del Eroski. A 10 kilómetros, en Asparrena, el Ayuntamiento acaba de adquirir por 290.000 euros la antigua casa de la familia Urigoitia (precursor de la fábrica Ajuria y Urigoitia) que albergará siete viviendas de alquiler social para «facilitar que los jóvenes puedan residir en el municipio», subraya la alcaldesa, Txelo Auzmendi.

El regidor de Oion, José Manuel Villanueva, ha recuperado un proyecto de 2011 que pretendía dar luz a las primeras casas de arrendamiento social de Rioja Alavesa y se ha ido abandonado un mandato tras otro. Su Gobierno trabaja ahora en un plan preliminar -para el que cuenta con un presupuesto de unos 70.000 euros- para edificar en un terreno de 1.000 metros cuadrados 18 viviendas (la mitad para venta y el resto para alquiler) que contribuirán a rebajar la demanda que tiene, al menos, un centenar de vecinos del municipio. Este núcleo residencial, que gestionaría Alokabide, se levantaría en una parcela ubicada enfrente del cementerio viejo.

Iruña de Oca ha visto paralizada su urbanización «durante doce años» hasta que hace un par de meses la Diputación alavesa y la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco dieron luz a su Plan General. La aprobación de este documento permitirá desarrollar «en los próximos diez años 786 viviendas», anuncia el alcalde Mitxel Montes. La prioridad es empezar a edificar en el centro de Nanclares de la Oca donde podrían erigirse hasta «147 VPO de alquiler y sociales».

Lakua tiene pendiente la edificación en Murguía de 16 viviendas públicas de alquiler en una parcela de 1.119 metros ubicada en el cruce dirección Sarria. Fuentes municipales indican que está pendiente de adjudicar la elaboración de este proyecto «pensado en especial para los jóvenes». Este «primer paso» permitirá aumentará la oferta en una localidad que sólo cuenta con cinco pisos de este tipo. Por otra parte, buscan la opción de rehabilitar un edificio «abandonado» situado junto al Ayuntamiento para convertirlo en 6 pisos de alquiler social, aunque esa reforma está supeditada a la próxima aprobación del Plan General.

«No tenemos nada, ni en compra, ni en alquiler. Por eso queremos construir de 12 a 20 viviendas», relata Amado Martínez de Iturrate, alcalde de Ribera Baja, que se enfrenta a la redacción del PGOU para poder llevar a cabo ese deseo y evitar que las nuevas generaciones se marchen. Cuentan con 150.000 euros para comprar terrenos que cederían al Gobierno vasco, quien se encargaría de la edificación. En Kuartango también trabajan en la rehabilitación de la segunda y tercera planta del antiguo balneario que convertirán en viviendas -entre seis y doce- para que los jóvenes entre a vivir, si todo va bien, en 2026.