Álava hará dos PCR voluntarias a la semana a los empleados sin vacunar de las residencias

Qué hacer con ese 5% de empleados de geriátricos que por diversas razones ha decidido no vacunarse es un dilema que preocupa a administraciones y usuarios. Hace unas semanas, las comunidades autónomas -también Euskadi- y el Ministerio de Sanidad acordaron estrictas medidas, que incluían la posibilidad de remover de sus puestos a aquellos empleados de 'primera línea' que no han recibido las dosis.

Pero el acuerdo suscrito por las diputaciones vascas y el Ejecutivo de Urkullu no va tan allá. Se limita a ser un manual de buenas prácticas porque contempla test semanales para quienes eludieron el pinchazo, pero no deja de ser algo voluntario que puede rechazarse de la misma manera que se opusieron a la inoculación.

Álava, a pesar de haberlo firmado, se desmarcó inmediatamente del protocolo. Poco después de ser difundido, fuentes de la Diputación explicaron que las medidas aprobadas se le quedan cortas, por lo que pedirán dos PCR por semana que, en cualquier caso, recordaron, seguirán siendo voluntarias. «Es una realidad que se sigue sin contar con instrumentos legales que garanticen que todas las personas de atención directa en las residencias se vacunen y sigue habiendo trabajadores no vacunados por decisión propia», evidenciaron fuentes forales. El diputado general en este territorio, Ramiro González, ya se había mostrado firme partidario de apartar de todo contacto con mayores al personal que no estaba completamente inmunizado.

Si bien este colectivo supone un 5% de las plantillas del sector sociosanitario de Euskadi, el riesgo de contagio resulta exponencial al trabajar con personas con discapacidad o avanzada edad que arrastran patologías previas y que, en muchas ocasiones, tienen complicado respetar las medidas básicas de prevención como el uso de la mascarilla o la distancia de seguridad. Pese a ello, el Gobierno vasco no se plantea reclamar al Ejecutivo central que endurezca la legislación y obligue a la inoculación para controlar la situación en los geriátricos, como sí lo han hecho Andalucía, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia. «Estas medidas son suficientes para garantizar la seguridad en nuestros centros residenciales», defendió la consejera Beatriz Artolazabal antes de conocer el desmarque de Álava. La responsable del Ejecutivo autonómico se limitó a reclamar «a la sociedad en su conjunto y sobre todo a los profesionales que trabajan con colectivos vulnerables» que se vacunen.

Durante las largas reuniones telemáticas y el intercambio de documentos que ha existido en las dos últimas semanas, el debate se ha centrado en analizar la situación actual y determinar la frecuencia de esos controles preventivos, además de aclarar quién debe realizarlos y sufragarlos. Sin embargo, se ha pasado de refilón sobre la propuesta de cambiar la ley para endurecer la situación e incluso poder retirar a los 'antivacunas' de la primera línea de atención, como se pactó en el Consejo Interterritorial.

El texto final determina que cuando la tasa de incidencia en un territorio histórico supere los 300 casos por cada 100.000 habitantes se realizará una PCR semanal a los trabajadores no vacunados y una quincenal a los que sí han recibido el pinchazo. No se planteaba en ese comunicado, pero más tarde se aclaró que esas pruebas seguirán siendo voluntarias -como ha sido hasta ahora- y por eso puede darse el caso de que la plantilla se niegue.

El protocolo también afecta a los internos que salgan de los centros para pernoctar fuera, aunque sea una única noche. En tal caso, a su regreso se les someterá también a una prueba de diagnóstico estén o no vacunados. Hasta la fecha solo se efectuaba a estos últimos.