El agua agrava el estado de los pisos de Santo Domingo desalojados hace 7 años

El 26 de octubre de 2017 las diez familias que vivían en los números 40 y 42 de la calle Santo Domingo, en el Casco Viejo, recibieron la noticia de que disponían de 72 horas para sacar lo imprescindible de sus casas y abandonarlas ante los graves problemas estructurales que presentaban los dos portales. El edificio contiguo, el 38, ya estaba precintado por riesgo de colapso. Desde entonces, los problemas de estos vecinos, algunos en situación de vulnerabilidad, para hacer frente a unas obras de estabilización que se presupuestaron en 345.000 euros han hecho imposible que puedan regresar a sus hogares. Y ahora acaban de saber que las filtraciones han agravado la situación.

Los arquitectos municipales han regresado de nuevo a los inmuebles acompañados por los Bomberos y a petición de las familias para evaluar la situación después de todo este tiempo en que, aparte de apuntalar los bajos y limpiar los canalones, poco más se ha hecho. El pasado verano, explica un vecino, la Policía Local les informó de un intento de okupación de sus viviendas. Entraron a comprobar los daños junto a un bombero. Habían tratado de robar en los trasteros. Fue entonces cuando percibieron que podría haber nuevos daños y solicitaron la inspección. «Fue por nuestra propia iniciativa», lamentan.

Según explican los expertos en el informe registrado en diciembre y que fue desvelado por el concejal de Elkarrekin Óscar Fernández, el estado de ambas edificaciones «ha empeorado». Hay filtraciones de agua hacia la fachada trasera, la que da al caño, y hacia la cimentación. En consecuencia, han detectado nuevas grietas, daños severos en una de las vigas, carcoma, abombamientos y desniveles, entre otras cosas.

«Procede acometer con la mayor brevedad posible obras mínimas que permitan devolver la estabilidad, seguridad y estanqueidad a los edificios». Si los propietarios no atienden al llamamiento, el Ayuntamiento hará la obra de manera subsidiaria y les repercutirá los gastos. El concejal de Urbanismo, el socialista Borja Rodríguez, explicó que no se sabrá el coste de estas actuaciones hasta que concluyan y tampoco adelantó una fecha.

En cualquier caso, recuerdan los vecinos –algunos han sido realojados pero otros han tenido que buscarse alternativas por su cuenta y de su bolsillo–, se trata de un arreglo de emergencia que no resuelve las necesidades anteriores. Tras años de desencuentros, las familias han intentado ahora que el Ayuntamiento acepte declarar la ruina económica de los portales, «pero necesitamos nuevos documentos y eso tiene un coste». También van a consultar las leyes vascas que permiten las expropiaciones en algunos supuestos. Pero lo que piden al Ayuntamiento, además de ayuda «urgente», es «valentía política» para acometer la «rehabilitación integral» de sus casas y de la calle en general.

Óscar Fernández, por su parte, teme que al final se deje caer el edificio como ya ocurrió en Cuchillería. Es partidario de rehabilitar y en ese sentido propone estudiar medidas ya adoptadas en otros consistorios vascos como la de que Vitoria compre esas viviendas a bajo coste, las arregle y las oferte de nuevo en alquiler social «dando prioridad a los habitantes originales».

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