«Afrontaré todo lo que venga», dice el arqueólogo Eliseo Gil, acusado de las falsificaciones de Iruña-Veleia

A la salida de la 'vistilla' (como se conoce en el argot judicial a este acto previo y protocolario), Gil ha defendido la veracidad de sus descubrimientos en el yacimiento situado a unos 10 kilómetros de Vitoria. «Es una etapa que hay que superar y estamos dispuestos a defender la inocencia con todas nuestras energías y argumentación disponible», ha refrendado.

A pesar de la existencia de dos informes oficiales que ratifican la falsedad de sus hallazgos, centenares de grafitos con inscripciones, el arqueólogo sólo se fía de los estudios que han presentado sus abogados. «Nosotros nos mantenemos en nuestra postura, tenemos nuestros informes, nuestra argumentación y no nos hemos movido ni un milímetro desde el principio de esta cuestión».

Cuando se le ha recordado que este pulso legal cumple ya once años, Gil ha añadido que «se dice pronto. Es toda una vida». La querella inicial fue presentada el 4 de mayo de 2009 por la Diputación, propietaria de la excavación, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria. Sus trabajos arqueológicos contaron con jugosas subvenciones del Gobierno vasco y de la Diputación alavesa.

La Fiscalía de Álava solicita para él un global de cinco años y medio de prisión. La Administración foral, personada como acusación particular, eleva la petición a siete años y medio. Responderá por un delito continuado sobre el patrimonio histórico y otro de estafa.

Aún así, Gil no entiende las razones de la judicialización del caso.«No lo sé. Lo desconozco. Es una situación que me supera. En un mundo ideal lo último que se hubiera elegido para esta cuestión hubiera sido la vía judicial y menos el procedimiento penal. En un mundo ideal esto hubiera sido una resolución científica y no estaríamos en estas circuunstancias. Pero la realidad es muy machacona y tenemos que jugar con las cartas que nos han venido», ha argumentado a pie del Palacio de Justicia.

El juicio arrancará en el Juzgado de lo Penal 1 el lunes 3 de febrero y se prolongará durante dos semanas. La sentencia se espera para mediados de marzo. Respecto a la posibilidad de acabar entre rejas, Gil ha puntualizado que «anímicamente estoy dispuesto a afrontar todo lo que venga por delante».

El Ministerio Público reclama asimismo que Gil y un colaborador indemnicen al Gobierno vasco con 285.600 euros «por los daños causados en el patrimonio cultural». También reclama que los tres procesados paguen -a partes iguales- a la Diputación de Álava, dueña del yacimiento, 12.490 euros en concepto de responsabilidad civil.