La administradora de fincas que vació las cuentas de trece comunidades de Vitoria

Tirando del hilo, sus responsables constataron que el ladrón lo tenían en su propio negocio. Era una empleada que tuvo acceso a las cuentas corrientes de las comunidades de propietarios afectadas y había sustraído el dinero a lo largo de varios meses. Cada euro sisado o lo había traspasado a su banco o, directamente, lo había sacado en metálico a través de cajeros automáticos. En total, trece portales dieron la voz de alarma por el vaciado de sus cuentas.

Cuando la jefatura de la gestoría exigió explicaciones por lo sucedido, la entonces sospechosa alegó una «adicción a las compras imposible de controlar». En este punto, desde el entorno de este mujer puntualizan que «llevaba un tren de vida muy elevado, demasiado para una persona con una nómina convencional. Y ella no se cortaba».

En total, el dinero desaparecido rondaba los 180.000 euros. Aparte de denunciarle en el Juzgado de Instrucción número 4, la gestoría -una pequeña compañía- tuvo que pedir un préstamo para reponer todo el patrimonio en paradero desconocido.

Esa apropiación indebida salió a la luz en 2020. Y la semana pasada, cuatro años después de aquel tsunami que desembocó en su despido de la firma, esta mujer compareció ante la Audiencia Provincial de Álava. Lo hizo en calidad de imputada en una vista de conformidad donde se barnizó de oficialidad el preacuerdo alcanzado entre la defensa con la Fiscalía de Álava y la acusación particular.

A cambio de aceptar su responsabilidad en tamaña estafa y devolver buena parte de lo expoliado, le aplicaron una rebaja en el castigo. La acusada abandonó el Palacio de Justicia con una condena por «apropiación indebida» bajo el brazo. ¿En qué se traduce ese cargo penal? En un año de prisión, que sorteará si no vuelve a delinquir hasta primavera de 2026. Además le impusieron una multa de 1.080 euros.

¿Y el dinero hurtado? Hay que rebobinar porque ese es el punto clave de esta historia. La investigación del Juzgado de Instrucción número 4 verificó que el número exacto de comunidades afectadas ascendió a trece portales. Buena parte de las cantidades económicas robadas las derivó a la cuenta común con su entonces marido, quien figuraba en el sumario como responsable civil subsiadiario.

Así que para devolver algo de los 180.000 euros y optar a alguna rebaja del castigo, la ahora condenada vendió el piso en común con su expareja sentimental. A ella le correspondieron 90.000 de esa operación, cantidad consignada hace días en la cuenta bancaria del juzgado y que recibirá su antigua empresa.

Otra pregunta que se hicieron los investigadores es cómo se las ingenió para extraer tanto dinero, y con tantos movimientos, sin que nadie se percatara hasta pasado un largo periodo. Según medios judiciales, «iba trasladando las cantidades justas de unas cuentas a otras cuando tocaba reunión de vecinos. De esta manera, los propietarios afectados no sospechaban nada. Al poco sacaba ese dinero y lo pasaba al depósito de la siguiente reunión». El problema, remachan, «es que robó tantos euros que al final le acabaron pillando».

La ya sentenciada libró en esta ocasión de ingresar en la cárcel de Zaballa. Sin embargo, su futuro se antoja incierto. Parece ser que, tras su despido, repitió jugada en las siguientes empresas donde estuvo contratada. Hay abiertas otras dos denuncias contra ella.