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«No era consciente de lo que hacía. Era adicta a las compras. Estoy totalmente arrepentida. Ahora sé que estuvo mal». Con este crudo relato arrancó el testimonio de la procesada por desviar nada menos que 158.000 euros de la pyme en la ... que ofició como administrativa. Las transferencias irregulares hacia sus cuentas personales se produjeron entre 2011 y mediados de 2015. Cuando fue descubierta, al entrar la empresa en números rojos, acabó despedida, con problemas familiares y tuvo que malvender su piso en un desesperado intento por tapar los agujeros creados a causa de su ansia por comprar ropa cara, reservar mesa en restaurantes de postín o encargar vacaciones cinco estrellas.
Este miércoles, casi cuatro años después de ser detectada, acudió a la Audiencia Provincial de Álava a rendir cuentas. Ya no toca un billete. Su hermana, convertida en su tutora legal, gestiona cada euro que la procesada recibe en su nuevo empleo. «Trabajo de administrativa. Hago papeleo pero no quiero nada con el dinero, no quiero», dijo entre sollozos. Sigue un tratamiento específico en el Centro de Orientación y Tratamiento de Adicciones de Arriaga (COTA) y en la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Asafes).
Las crudas consecuencias de su adicción -acreditada por varios expertos- se conocieron en el turno de palabra del que fuera su jefe. Éste perdió su empresa, una pequeña firma dedicada a suministrar productos de protección laboral. Antes despidió a sus cuatro empleados. En el camino se endeudó hasta el punto de pedir «100.000 euros» a familiares y amigos. Incluso sufrió una depresión. «Me daba pavor salir de casa por poder encontrarme a alguien a quien debiera dinero», contó visiblemente afectado.
«Hubiera apostado mis dos manos por ella. Cuando hicimos la auditoría externa y aparecieron las transferencias no podía creérmelo», abundó. «Lo que más me dolió fue que hasta el último día que estuvo se llevó dinero. 1.500 euros aquella vez». Familiares de este pequeño empresario rompieron a llorar durante su testimonio.
Peritos avalaron el «trastorno de personalidad» de la imputada, lo que «no significó que ella no supiera que estaba haciendo algo mal». Con la venta de la casa, esta mujer obtuvo «22.000 euros». 3.000 fueron a otras deudas y los restantes 19.000 los depositó en el juzgado como muestra de buena voluntad. Este gesto convenció a la fiscal. Bajó su petición de cinco años a un año y diez meses, plazo que no implicaría su ingreso en prisión.
La acusación particular reclamó un castigo de seis años. La defensa abogó por su absolución unida a devolver poco a poco lo robado. «En mi actual trabajo confían en mí, no he recaído. Mejorarán mi contrato si no entro en prisión. Lo siento muchísimo. No tengo el dinero, si lo tuviera estaría en sus manos».
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