Acusan al expresidente de parques tecnológicos de malversación

Malversación, prevaricación y administración desleal. Esos son los tres presuntos delitos que figuran en el auto dictado por un juzgado de Vitoria contra Julián Sánchez Alegría, expresidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi y que ya ha sido recurrido. Se le acusa de haber beneficiado a la quebrada empresa Epsilon, que promovía la creación de una escudería de vehículos fórmula 1 con ‘label vasco’. De acuerdo con el escrito judicial, usó su influencia para conseguir que el parque alavés de Miñano, del que era responsable y en el que se encontraba la sede del bólido, avalase a Epsilon en la solicitud de un crédito bancario, cuando esta sociedad ya sufría problemas económicos. Como consecuencia de aquella operación, y una vez que se consumó la quiebra, el Gobierno vasco tuvo que hacer frente con dinero público al pago de 16,4 millones de euros.

Sánchez Alegría tendría que enfrentarse a vista oral al interpretar la titular del juzgado número 2 de Vitoria, Ana Jesús Zulueta, que ha quedado «indiciariamente probado» que aquel aval, otorgado a Joan Villadelprat, el experto atomovilístico que encabezaba el proyecto Epsilon y que ya fue condenado en mercantil al pago de 900.000 euros por aquel fiasco, tenía carácter irregular. Fue concedido a finales de 2008 y de manera encubierta. Se desoyó, en este sentido, un informe elaborado por el departamento jurídico del parque de Miñano que entendía que la operación rebasaba las competencias propias del objeto social del parque. Un informe que, además, hacía referencia a que dar soporte económico a Epsilon podría interpretarse como una ayuda de Estado a una empresa, algo prohibido por la legislación comunitaria.

La operación se activó después de que Villadelprat fracasara en el intento de conseguir una nueva inyección de 20 millones de euros del Estado. La situación ya era delicada para la firma vasca, uno de los pilares del sueño automovilístico del Gobierno de Juan José Ibarretxe -el otro fue el vehículo eléctrico Hiriko, sobre el que se sigue estos días procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria-. El parque tecnológico de Miñano accedió a ejercer como avalista encubierto que permitió a Epsilon conseguir un crédito de Kutxa y Caja Vital para financiar la sede automovilística. Epsilon se terminó desmoronando después de haber fagocitado alrededor de 48 millones de euros en ayudas pública, en su mayoría canalizadas desde Madrid como efecto del pacto de apoyo del PNV a los presupuestos de un Gobierno en minoría de José Luis Rodríguez Zapatero.

Kutxabank decidió ejecutar el aval y fue Lakua la que tuvo que cargar con las consecuencias al verse obligada a adquirir el edificio de Epsilon por 16,4 millones de euros. La Fiscalía solicita ocho años de cárcel para Sánchez Alegría por entender que «estaba al corriente de todos los inconvenientes de la operación, de las cuestiones insalvables que decidió obviar» lo que redundó en un perjuicio patrimonial. Sánchez Alegría también está imputado en el llamado ‘caso De Miguel’, la presunta trama de cobro de comisiones ilegales liderada por exdirigentes del PNV.