Acusan de blanqueo a una joven tras vender sus datos personales para una estafa 'on line' en Vitoria

Se supone que con la identidad de esta chica, vecina de Barcelona, unos delincuentes estafaron a una pareja vitoriana. Las dos víctimas creyeron descubrir en una plataforma de artículos de segunda mano el robot de cocina ideal para su hogar. Enviaron 700 euros a una cuenta a nombre de la procesada, que en teoría nada conocía del negocio. Bueno, del timo. Porque el electrodoméstico jamás apareció por la capital alavesa y los vendedores –una de las perjudicadas habló por teléfono con un hombre con acento extranjero– se encuentran en paradero desconocido.

No así la teórica titular del móvil y de la cuenta corriente a la que fue el dinero. Es la joven que ayer siguió el juicio por videoconferencia desde Cataluña asistida por una letrada. Negó haber participado en la venta inconclusa o haberse embolsado euro alguno.

«Vi un anuncio en una web en la que te daban 80 euros si ponías tus datos. Era muy joven e inocente y lo hice. Por cierto, nunca los recibí», se disculpó sobre aquella maniobra, ocurrida hace algo más de dos años. Ella ahora tiene 23 años, los cumplió ayer miércoles. Al contarlo, el presidente de la sala, el juez Jesús Poncela, la felicitó. Quizá para compensar el mal trago en una fecha tan señalada.

Las víctimas, por su parte, relataron que conversaron por teléfono con un varón. De los 800 euros iniciales que pedía el anuncio bajó a 700. Pero una vez enviado la cantidad pactada, ese interlocutor misterioso desapareció. «Enseguida me olió a estafa», declaró ella en el Palacio de Justicia. No han vuelto a saber de él.

Interpusieron una denuncia en la Policía Local de la capital del País Vasco. El rastreo del móvil del vendedor y del número de cuenta bancaria al que fue el dinero de los vitorianos señaló a tres personas. Entre ellas, la joven barcelonesa. La única con domicilio conocido, la única encausada.

«A usted le pagaron dinero para aperturar cuentas bancarias. Eso es un delito de blanqueo de capitales», proclamó la fiscal del caso, Carmen Cotelo. Con ese argumento, el Ministerio público reclamó un año y tres meses de cárcel –que probablemente no implicaría el ingreso–, una multa de 1.400 euros y la devolución de los 700 euros a sus legítimos propietarios.

Por su parte, la abogada de la encausada solicitó la absolución. «Se aprovecharon de su juventud y falta de experiencia. Picó el anzuelo mientras los verdaderos autores no han sido encontrados», aseguró. esta letrada a través de la videoconferencia.

En 2020, cuando ocurrieron los hechos, hubo casi 2.700 estafas 'on line' en Álava. El año pasado superaron las 2.000. «Y muchas se producen tras una suplantación de identidad. Por dar sus datos, la víctima se encuentra ante un proceso penal con las consecuencias que conlleva», advierten agentes especializados. El fallo de la Audiencia Provincial de Álava se conocerá en unas tres semanas.