«Si los acusados hubieran pedido el DNI a sus víctimas no estarían aquí sentados»

La Fiscalía - Carmen Cotelo

«¿Con esas fotos de los niños les venderían alcohol?»

Durante un alegato de dos horas y diez minutos, la fiscal jefa de Álava analizó a los seis adultos que rechazaron un pacto antes de arrancar las vistas orales. Insistió en las dificultades de los investigadores cuando arrancó la investigación, otoño de 2016. «Las víctimas no se sentían víctimas y no querían colaborar». Destacó que las fotografías tomadas a los adolescentes, con oficio judicial ya que se negaron a posar, demuestran su minoría de edad. «Prueben a ir con esas imágenes a una tienda y que les vendan alcohol o tabaco». También recordó los chats comprometedores y la declaración en sala de una víctima: «Le dije que era menor». Elevó la pena global de 148 a 157 años de cárcel para estos procesados al entender que, tras los testimonios oídos en el juicio, queda acreditado que uno de ellos cometió un delito más. «Si hubieran pedido el DNI a sus víctimas no estarían aquí», cerró.

La acusación popular - José Miguel Fernández, Fote

Reclamará indemnización a la Diputación tras el fallo

La asociación Clara Campoamor sigue firme en su idea de pedir responsabilidades a la Diputación, de la que dependían varios menores. Entiende que hubo negligencia. La primera denuncia data del 5 de abril de 2016. La presentó la madre de la principal víctima, entonces de 14 años. Dos días después, una educadora de Sansoheta amplió. El 4 de mayo, responsables del Área del Menor estuvieron con la Policía Local, pero la alerta definitiva se demoró hasta el 27 de octubre. El exdirector de Sansoheta admitió que sólo les pusieron talleres de «educación social» y «habilidades sociales» en ese intervalo de seis meses. «Si la sentencia no recoge que la Diputación debe indemnizar, lo pediremos», recalcó el letrado de Clara Campoamor, José Miguel Fernández, Fote.

Consejo del Menor (Diputación) - Olga Lajo

El juez le afea por dirigirse a la prensa y no al tribunal

La representante del Consejo de Menor, o sea la Diputación, apenas ha intervenido en el juicio pese a ser unas de las acusaciones particulares. Ayer, su representante cargó contra los medios de comunicación y redujo a uno el número de menores bajo el control de la Diputación, cuando hubo cuatro. El magistrado Poncela le lanzó un aviso: «Al Consejo del Menor nadie le pide nada. Le he dejado seguir, pero siento que habla para la gente que tiene a su izquierda (periodistas) y no para la que tiene a su derecha (jueces)».

Las defensas - Seis letrados

Todos exigen la absolución y anular las fotos de los chicos

Todos los letrados de los sospechosos exigieron la anulación de las fotografías tomadas a las víctimas en 2016 y 2017 al entender que se realizaron sin su consentimiento. Coincidieron en que sus clientes desconocían la edad real de las víctimas con los que contactaron a través de una página de relaciones sexuales para adultos. Y aunque apostaron por la absolución, sí recordaron que estos adultos ya han abonado las indemnizaciones estipuladas por la Fiscalía -2.000 euros cada uno a cada víctima- como prueba de buena voluntad. Los seis años transcurridos desde las detenciones los consideran una «dilación indebida». Es decir, que en caso de condena esta demora debería contar como atenuante. Un letrado sorprendió al decir que su patrocinado «no mantuvo sexo» con la principal víctima, sino que fue «un okupa que tenía en su casa y que le cogió el móvil». Este desconocido no ha aparecido por el Palacio de Justicia. También agregó que «cuando veo First Dates nunca acierto con las edades de los participantes y me pasa igual con Iñigo Errejón (Más País)». Respecto a la principal víctima -estuvo con los diez procesados-, otro defensor alegó que «si fue capaz de engañar a los profesionales que trabajan con menores (en referencia a los educadores sociales), cómo no lo va a hacer con mi cliente que no es el más listo de la clase».

Los imputados- Los seis que no se conformaron

Arrepentidos, pero insisten en desconocer la edad real

Los seis acusados que aguardan fallo coincidieron en su último turno de palabra en sentirse arrepentidos por estar con menores. Eso sí, recalcaron desconocer la edad real de las víctimas. Varios agregaron que este proceso penal les ha destrozado sus vidas.