El acusado de abusos en la perrera municipal de Vitoria asegura ser la víctima

En una declaración por videoconferencia desde la prisión de Zaballa, donde cumple condena de seis años por «agresión sexual» a la que fuera su pareja sentimental, habló de «humillaciones» y que «me hacían la vida imposible». Siempre según su testimonio, hasta pensó en «quitarme la vida».

El sospechoso de abusos sexuales a las cuatro voluntarias apuntó que desde «el principio» dio parte del conflicto a los máximos responsables de la instalación municipal, conocida de manera oficial como Centro de Protección Animal. También hizo lo mismo con los entonces directivos de la protectora, hoy alejados de ese colectivo animalista. Al menos uno de ellos le aconsejó cogerse «la baja».

Y es que en el juzgado investigan a estos funcionarios y a los antiguos dirigentes por «omisión del deber de impedir delitos». La acusación particular -en representación de las cuatro víctimas de los abusos sexuales- defiende que tuvieron conocimiento «en septiembre de 2019 y no se hizo nada». Hubo un nuevo aviso «en febrero de 2020» y otro «el 20 de mayo» de ese mismo año. Ahí sí se produjo una investigación interna.

Tras desvelar este periódico el caso el 5 de julio, el Gabinete Urtaran acudió a la Fiscalía al día siguiente. A partir de ahí, las posturas de Apasos y el Consistorio se alejaron tanto que cruzaron varias denuncias, aún en estudio. Incluso la protectora fue expulsada de la perrera hasta que un juzgado obligó a su readmisión.

Durante el interrogatorio del lunes, al ser preguntado sobre las denunciantes, el principal encausado sorprendió al decir que a una «no le pongo cara» y tildar de «pesada» a otra de las víctimas. Negó cualquier tocamiento u otro comportamiento ilícito sobre estas personas. Incluso aseguró que «jamás» ha atacado a ninguna mujer. El miércoles 25 de mayo aceptó ante la Audiencia Provincial de Álava una «agresión sexual» a su expareja, también exvoluntaria de la perrera, a cambio de una rebaja en la pena. Le cayeron seis años, de los que casi ha cumplido dos.

Con esta declaración, el escándalo de los abusos sexuales en la perrera cierra su fase de investigación. A partir de ahora, Instrucción número 4 decidirá si atisba indicios de delito -con lo que derivaría a un juzgado de lo Penal o a la Audiencia- o si archiva.