El acusado de abusar de 2 menores tuteladas en Vitoria fue detenido en 2021 por un hecho similar

Según ha constatado este periódico de medios judiciales, en aquella ocasión, este hombre que a finales de mes cumplirá 25 años se valió de las redes sociales y de otra menor para intentar cuadrar un encuentro sexual. Se da la circunstancia de que esa supuesta mediadora, ahora tutelada, figura con idéntico papel en la investigación abierta desde el 27 de marzo, cuando desde un centro foral denunciaron a la Ertzaintza la cita sexual «a cambio de dinero» de dos chicas de 14 y 16 años a su cargo.

Tras las pesquisas acometidas por el Grupo 6, una unidad especializada de la Policía autonómica, el Juzgado de Instrucción número 1 decretó el pasado miércoles el ingreso preventivo en la cárcel de Zaballa de este veinteañero. Desde entonces, otro juzgado -el número 4- y la Fiscalía de Menores continúan con las averiguaciones sobre este nuevo caso de menores protegidas presuntamente prostituidas y «víctimas de agresión sexual» a ojos de la ley. Se investiga asimismo si la adolescente que pudo ejercer de intermediara mantuvo relaciones íntimas con el único procesado hasta la fecha u otros, lo que abriría una nueva línea de investigación.

La Diputación de Álava, de la que dependen las tres posibles víctimas, con edades comprendidas entre los 14 y los 16 años, defendió ayer su respuesta en este caso, el quinto desde 2016. Una portavoz oficial valoró la «extrema rapidez» en poner el asunto en manos de la Justicia. También lo calificó de «hecho puntual» y que tuvo lugar «fuera» de las instalaciones forales.

A su vez, desde el equipo de gobierno foral admitieron que, aparte de colaborar con las autoridades judiciales, trabajan con estas chicas en «diferentes protocolos de actuación, recursos educativos adecuados a la edad». ¿En qué consisten? Se refieren a «diferentes actividades, sesiones formativas a cargo de tutores que tienen que ver con relaciones sexuales afectivas». Esas medidas educativas se suelen adoptar con víctimas sexuales y más en los casos en que no son conscientes de su situación. El adulto ahora en prisión casi dobla en edad a la más pequeña de las chicas con las que quedó. Les prometió «200 euros» que no llegó a entregarles.

El 15 de marzo, las dos jóvenes tuteladas -residentes en el centro foral que ha sustituido a Sansoheta, epicentro de otro caso de mayor magnitud saldado con nueve adultos condenados- acudieron al domicilio del sospechoso tras varias conversaciones previas. En este sentido, el cotejo de los móviles del investigado y de sus víctimas se antoja primordial.

Al parecer, las chicas contaron en su colegio el encuentro sexual y el asunto llegó a oídos de los profesores, que alertaron al centro de protección donde residen. A partir de ahí, se activaron todos los protocolos. Tras tomar declaración al sospechoso y a las adolescentes, la entrada en la cárcel llegó a los 19 días de la denuncia en la comisaría de Portal de Foronda.

Desde la asociación Clara Campoamor, que vela por las víctimas de malos tratos, violencia de género y agresiones sexuales se mostraron muy críticos con este nuevo episodio de menores tuteladas víctimas de encuentros sexuales a cambio de dinero. Su abogado, José Miguel Fernández, Fote, lo enmarcó en que «la Diputación está desbordada. No tiene recursos suficientes» para dar una cobertura adecuada a estos menores vulnerables. El centro en el que pernoctan las tres víctimas -ubicado en el extrarradio de Vitoria- se levantó de manera provisional para suplir al ya cerrado de Sansoheta. Cuenta con una veintena de plazas reservadas para chavales «con problemas de conducta» a los que se trata de dar la oportunidad de disfrutar de vidas corrientes.

En este punto, Fote pide mayor autocrítica a la institución. Considera que «la comisión foral por el tema de Sansoheta -siete menores, varios tutelados, que ofrecieron sus servicios sexuales a adultos entre 2016 y 2017- ya fue un paripé. En vez de echar tierra sobre este nuevo asunto, debería afrontarlo de cara».

Desde aquel escándalo y hasta la fecha, once menores bajo el paraguas foral han sufrido abusos a cambio de dinero en cinco casos diferentes y saldados con doce adultos condenados. Uno, por cierto, trabajó para el Ayuntamiento de Vitoria como psicólogo especializado en chicos vulnerables. La Diputación alavesa jamás ha sido denunciada por ningún familiar. «Nunca hay responsabilidades», lamenta Fote.