Qué abona la rabia del agro alavés

Araron asfalto para cosechar toneladas de indignación. La que acaba ha sido una semana histórica para el campo. No se recuerda en la provincia una movilización semejante del primer sector, exhausto y a la vez harto de sentirse ninguneado por las instituciones, la gran distribución y los propios consumidores. Su ira, al volante de más de medio millar de tractores, ha llegado a colapsar Rioja Alavesa y a causar importantes estragos en el tráfico en Vitoria. Pero, ¿quiénes y cómo se gestaron las protestas?, ¿de verdad tienen motivos para organizar semejante lío? ¿Qué pasa en el agro alavés? ¿Qué abona su rabia?

Las novedades en la Política Agraria Común (PAC) y sus cada vez más rígidas exigencias burocráticas. La alocada montaña rusa en la que se mueven los precios agroganaderos. El desmesurado coste de los insumos. La competencia de los productos extracomunitarios. Las condiciones leoninas que impone la gran distribución. La especulación que rodea a la instalación de placas solares y molinos de viento en fincas de alto valor agrícola... En proporciones variables, este batiburrillo de elementos se han combinado hasta formar un potente fertilizante que ha hecho brotar un malestar sin precedentes. Junto a estos factores, una certeza compartida por agricultores y ganaderos: que su esfuerzo y su sudor es en balde y que su trabajo, no tiene futuro.«El campo tal y como lo conocemos se nos muere», gritan estos días.

El mensaje puede sonar agorero a más no poder. Pero el caso es que los datos, de muy difícil digestión, apuntalan esa idea de que el agro alavés se encuentra al borde del abismo. Según las cifras del Instituto vasco de Estadística, Eustat, Álava ha perdido el 43% de sus explotaciones agrícolas en 35 años. De las 5.971 que había en 1989, de cuando se disponen de los registros más antiguos, se ha pasado a 3.352. En la Llanada han desaparecido más de la mitad y en las Estribaciones del Gorbea la caída alcanza el 57%: de 636 a finales de los noventa se ha pasado a 273 a comienzos de esta zona. «Y más que se perderán en unos años si la cosa sigue así», pronostica el agricultor Raúl Beitia.

Cerealista de Etxabarri Ibiña, concejo de Zigoitia, Beitia encarna al agricultor tipo alavés: 50 años (es de los 'jóvenes') y dedicado al campo desde que tiene uso de razón. «Trabajo la tierra desde pequeño porque es lo que me apasiona, no he conocido otra vida, pero ahora estamos asfixiados por la cantidad de exigencias, cada vez mayores, que nos imponen las administraciones», sostiene.

Raúl es uno de los manifestantes que no han dudado en cambiar la tierra por el asfalto para defender su forma de vida. Metió primera en su tractor hacia Vitoria para defender su forma de vida junto a cientos de compañeros, de distintos puntos de la provincia y, sobre todo, diferentes sensibilidades. Porque precisamente la particularidad de las movilizaciones alavesas con respecto a las que se suceden a lo largo y ancho de toda España es su carácter transversal. Pero que muy transversal.

«Es verdad, que en las protestas hay gente próxima a la izquierda abertzale, pero también hay gente muy conservadora, aunque la inmensa mayoría nos consideramos y somos apolíticos: estos días no se ha mirado en ningún momento el color de la camiseta de nadie», insisten los precursores del movimiento, que rechazan de plano que ningún partido haya alentado las marchas, como sí lo está haciendo la ultraderecha en otros puntos del país. Lo cierto es que la forma en que se gestaron y se están desarrollando las masivas tractoradas en el territorio demuestran que, en efecto, su rabia está por encima de siglas y carnés.

La semilla de las protestas alavesas se sembró en un grupo de whatsapp en el que un pequeño grupo de agricultores acostumbran a comentar asuntos del día a día de sus explotaciones. En los últimos tiempos, este chat se había convertido en una especie de terapia grupal, en el que los labriegos descargaban sus frustraciones y compartían su visión de la situación del sector. La posibilidad de convocar marchas como las que se estaban preparando en distintos puntos del país, surgidas a imagen y semejanza de las que estaban centrando todo los focos en Francia y Alemania se empezó a rumiar semanas atrás. Hubo dudas. Hasta que decidieron sondear a otros y abrir ese pequeño grupo a más personas. En muy pocas horas pasaron de ser unos pocos a más de 500. Se desbordaron todas las previsiones.

En un principio, la propia Unión Agroganadera de Álava (UAGA), la principal organización del sector en Álava, evitó implicarse de lleno en las protestas. Pero el descontento era cada vez mayor. Y la actual directiva, liderada por Edurne Basterra, decidió dar un paso adelante y coliderar las tractoradas, que arrancaron el martes. Desde esos primeros compases ya se evidenció el carácter heterogéneo de los manifestantes. Muchos insistían en haber acudido de forma independiente, al margen de la UAGA.

Que el cabreo es común pero las protestas no son unitarias quedó patente el miércoles, cuando hubo agricultores que se negaron a seguir los recorridos previstos y se internaron, por su cuenta, en el centro de Vitoria. Y el viernes, tras la reunión que los representantes de la UAGA mantuvieron con el Ejecutivo foral en la Diputación, la presidenta de la organización fue abucheada por un grupo de agricultores.

En ese encuentro, los agricultores lograron arrancar un compromiso a los responsables forales con inversiones para tratar de asegurar el relevo generacional en el campo. Este es uno de los desafíos más apremiantes que asedian al sector. Según un estudio de 2018, la edad media de agricultores y ganaderos alaveses alcanza los 56 años. En una década, el 70% de los que trabajan la tierra en la provincia estarán jubilados.

Ante este panorama, Jon Ortiz de Lejarazu, del concejo de Mendarozketa (Zigoitia) es una suerte de un mirlo blanco. Agricultor y ganadero, tiene 30 años, y lleva desde 2016 dedicado al cereal, a las leguminosas y también a la cría de pollos, gallinas y vacas. Está convencido de que el sector está en una situación límite». Y parte de esa situación la achaca a «la política alimentaria de la Unión Europea, que no tiene ningún sentido: estamos perdiendo soberanía alimentaria a cambio de exportar coches y tecnología». «No es comprensible que a nosotros se nos obligue a ajustarnos a unos parámetros muy estrictos, que sean tan rigurosos con los fitosanitarios y los abonos y que después se permita importar patatas de otros sitios en los que se utilizan productos que aquí llevan prohibidos desde hace más de 30 años. La gente no sabe lo que come», abunda el joven agricultor, que deja bien claro que no busca depender de subvenciones. «Si se pagaran precios justos por nuestro trabajo no harían falta ayudas», resuelve.

Como Jon, muchos de los que viven del campo alavés dirigen sus críticas a la Unión Europea. «Sus políticas, las que se hacen desde los despachos, son las que nos están llevando a la ruina», sostiene Nieves Quintana, cerealista del concejo vitoriano de Otazu. «Nosotros somos los primeros interesados en proteger y cuidar la tierra, siempre digo que somos los jardineros del medioambiente, pero las exigencias tienen que ser iguales para todos: con las exigencias que se nos imponen no podemos competir en igualdad», censura.

Con todo, Quintana no solo centra sus reproches en Bruselas. «Desde la Diputación se habla mucho de defender el territorio y de que el nuestro es un sector muy importante: pero no lo demuestran. El mejor ejemplo es que no tenemos un departamento de agricultura propio como había antes, porque ahora está integrado en Medio Ambiente», critica en referencia al departamento de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural que lidera la jeltzale Amaia Barredo.

La política de las energías renovables es otro de los grandes caballos de batalla de los agricultores alaveses. No dudan que la transición energética sea imprescindible, pero «no se pueden instalar parques fotovoltaicos en parcelas de alto valor agrícola, si esto sigue así, ¿qué vamos a comer? ¿Placas solares?», ironiza la agricultora.

«Es que tal y como se ha aprobado esta semana en la nueva Ley (de Transición Energética y Cambio Climático), si se decide que mi finca es la más adecuada para instalar placas, aunque yo no quiera venderla, me la acabarán quitando porque prima el interés general. ¡Esto es gra-ví-si-mo!, están jugando con nuestra forma de vida y con algo tan sagrado para mí como es la herencia que recibí de mi padre», se duele Javier Briñas, de Berantevilla.

Como el resto, Javier critica las políticas de precios –muchas veces por debajo de coste de producción, lo que prohíbe de forma explícita la ley de la cadena alimentaria–, el «sinsentido del exceso de trámites administrativos digitales, porque nosotros somos agricultores, no administrativos ni ingenieros informáticos», pero, sobre todo, lo que le remueve es la nueva Política Agraria Común, la PAC, «que ya no tiene como fin la seguridad alimentaria, sino las acciones por el clima, reduciendo nuestras cosechas y nuestros ingresos». Javier, como Nieves, Jon, Raúl y otros cientos de agricultores alaveses sienten que las instituciones y los consumidores no les entienden, que la brecha entre campo y ciudad se ensancha cada vez más... y eso no hace más que abonar una rabia que tocará tratar. A día de hoy, podarla no se antoja nada sencillo.

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