1.340 VPO perderán la calificación en Álava hasta 2033 y podrán ser vendidas como libres

Las VPO tenían caducidad. Pasados 20 o 30 años desde su construcción perdían la protección y pasaban a ser libres pudiendo ser vendidas a precio de mercado legalmente. «Un error histórico» que aún se repite en la mayoría de provincias españolas. Con la falta de vivienda en el foco, fue la propia ministra Isabel Rodríguez quien defendió en el Congreso de los Diputados la necesidad de seguir el modelo vasco para calificar de forma permanente las VPO. Sólo así se limitaría que un beneficiario pudiese sacar rentabilidad del inmueble público. La medida la recoge la Ley de Vivienda de 2023, pero fue tumbada por el Tribunal Constitucional al considerar que vulnera las competencias de las autonomías.

En el transcurso de los años, Euskadi ha perdido 54.171 pisos públicos de los cerca de 110.000 que se han levantado desde 1981, cuando el Gobierno vasco adquirió la competencia. «Lo que ocurre es que las bajas han sido más altas que los pisos públicos producidos. Mientras no se consiga superar el número de viviendas descalificadas con nuevas edificaciones el cómputo global caerá», resalta Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos del Departamento de Vivienda. ¿Y cuándo está previsto que esto ocurra? «A partir de 2026 las incorporaciones superarán las bajas (774) y podremos recuperar ampliamente el parque», dice.

En base a datos del Departamento, hasta el año 2033 perderán la protección 5.199 inmuebles: 2.154 en Bizkaia, 1.340 en Álava y 1.705 en Gipuzkoa. Sólo durante este ejercicio se prevé que se conviertan en libres 1.016 pisos y en 2025, más del doble (2.342). Aunque Euskadi es la segunda comunidad autónoma con mayor número de viviendas protegidas iniciadas -se crean cerca de 0,8 pisos por cada mil habitantes-, en la última década se han levantado una media de 1.166 inmuebles anuales. El Gobierno vasco está por lo tanto obligado a acelerar el nivel de producción para estabilizar la balanza los próximos ejercicios. «Después de años se han desarrollado medidas importantes para no perder más VPO », detalla Yoldi.

Lo llamativo no es sólo que el parque protegido merme, que también, sino que las viviendas que fueron protegidas en plena propiedad se puedan vender a precio de mercado, «duplicando o triplicando» su valor. Pongamos un ejemplo. Si en 1994 una VPO de 90 metros cuadrados costaba de media 9,6 millones de pesetas (58.000 euros), ahora podría venderse por 2.930 euros el metro, según las últimas estadísticas. «A la gente que le tocó una VPO fue como si le hubiese caído la lotería. Existen zonas en las que hay viviendas públicas que mantienen ese tope máximo de venta que rige la ley y otras que han perdido la calificación y que pueden venderse sin ninguna restricción», confiesa José Manuel González, presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Bizkaia.

La finalidad ahora es «recuperar» ese parque perdido. Entre las viviendas terminadas y las que están en construcción, Euskadi tiene 60.105 VPO permanentes, 21.535 en Álava (19.881 de ellas en Vitoria), pero hacen falta muchas más para llegar a los niveles del siglo XX. El propio Pacto Social por la Vivienda establece entre sus objetivos contar con 116.549 pisos en 2036, un reto «mayúsculo». «Hay mucho que hacer, pero se puede conseguir si incrementamos la producción actual», establece el experto.

El Ejecutivo baraja por otro lado vender suelos públicos a un millar de propietarios que disponen de una VPO en derecho de superficie. Se trata de un tipo de régimen exclusivo del País Vasco en el que el inmueble pierde la calificación a los 20 o 30 años, pero el terreno sobre el que está edificado no. Después de 75 años vuelve a manos de la administración pública. Una modalidad que pone trabas a que el dueño pueda vender su piso a cualquier precio. En Euskadi hay 9.035 pisos que se ejecutaron antes de 2003 bajo ese régimen y que ya son libres.

El consejero Denis Itxaso reconoció la necesidad de remediar «un error de la época». Lanzó la opción de que los beneficiarios de estas promociones, ahora libres, se convirtieran en dueños del suelo a cambio de que su domicilio volviese a tener la calificación de protegido. Esto significa que no podría venderse a precio libre, sino como VPO y a las personas que cumplan los requisitos de Etxebide. El Gobierno vasco estima ingresar cerca de 20 millones de euros para invertirlos posteriormente en nuevas residencias.