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El órgano responsable de analizar las relaciones contractuales de las instituciones en la comunidad autónoma vasca, el OARC, ha dado la razón al Ayuntamiento de Vitoria en su conflicto con una de las empresas que se ocupaba hasta ahora de prestar parte del servicio de ayuda a domicilio (SAD). El nuevo contrato, el de mayor cuantía del Consistorio vitoriano al alcanzar los 63,8 millones en dos años, es correcto por lo que a partir del 1 de mayo estos cuidados serán gestionados por dos nuevas firmas, según han confirmado portavoces del departamento de Políticas Sociales que dirige Lucho Royero. Se beneficiarán de ellos nada menos que 4.150 familias de la capital alavesa. Serán desempeñados por las mismas trabajadoras, ya que las nuevas firmas tiene obligación de subrrogar las plantillas.
La Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la adjudicación del nuevo contrato el pasado mes de octubre. Estaba previsto que su vigencia concluyera a finales de 2026, pero la demanda de una de las anteriores firmas paralizó el proceso e hizo que hasta ahora se haya tenido que prorrogar el anterior contrato. Finalmente, desde el 1 de mayo gestionarán el SAD Aralia Servicios Sociosanitarios y Serveo Social. La primera se encargará de las personas con dependencia de Abetxuko, Arriaga, El Pilar, Iparralde y Aldabe. La segunda, de Ariznabarra, Campillo, Lakua, Ibaiondo, Zabalgana, Arana, Judimendi, Hegoalde y Salburua.
El contrato introduce una serie de mejoras que «harán posible un servicio de mayor calidad, intensidad y cercanía, con mejores condiciones de trabajo para sus profesionales, en su mayor parte mujeres», indicó en su día Lucho Royero. Así, los beneficiarios podrán pedir más horas de atención semanal al tiempo que han mejorado las condiciones laborales de las trabajadoras, tanto en lo salarial como en cuestiones organizativas. El concepto de cercanía y el modelo comunitario de atención son claves.
La base del nuevo SAD «sigue siendo la misma: cuidar a personas que necesitan ayuda para que sigan viviendo en su casa, aportándoles el mayor grado posible de autonomía y bienestar», zanjó el concejal de políticas sociales.
Pueden pedir este apoyo las personas con reconocimiento de situación de dependencia o riesgo de dependencia, quienes han sufrido una quiebra temporal en sus situación de autonomía, familias cuidadoras y ciudadanos en situación de vulnerabilidad social que no disponen de una red de cuidado adecuada.
Las cuidadoras les ayudan en tareas de limpieza y menaje, así como para levantarse y acostarse, pasear o acudir a los médicos.
Este contrato pretender rebajar la carga de cuidados familiares, algo que recae principalmente en las mujeres.
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