400 usuarios de los Servicios Sociales de Vitoria no pueden pagar el alquiler de su piso

Una de las circunstancias que alimenta esta situación, se explica desde Servicios Sociales, es que la mayoría de estas personas vulnerables tiene que acudir a un arrendamiento fuera del mercado protegido. Y ya no solo es el hecho de que no puedan acceder a estas residencias, sino que se enfrentan a una situación límite cuando dejan de pagarlas porque no tienen ingresos suficientes. Estresante y extremadamente complicado para el inquilino y problemático para el propietario privado.

Desde que se puso en marcha la nueva Ley de Vivienda en 2019, los Servicios Sociales municipales reciben las notificaciones de los Juzgados de procedimientos de desahucio. Antes de iniciar cualquier acción desde el Juzgado, se debe solicitar el informe de vulnerabilidad que emite la institución local cuando las personas implicadas consienten la intervención. Durante 2023 el Ayuntamiento de Vitoria recibió 142 solicitudes de valoración de vulnerabilidad social. De estos, 90 peticiones procedían de los Juzgados y los restantes de grandes tenedores como entidades financieras, Alokabide o Vitalquiler, entre otros.

Según afirman desde el Ayuntamiento, en cuanto a las peticiones realizadas por los Juzgados, emitieron 81 informes favorables durante 2023. Desde 2019, el número de familias derivadas de los tribunales de Vitoria para este tipo de valoraciones «se ha incrementado considerablemente». En cuanto a los grandes tenedores, señalan, «el porcentaje es más variable».

En los casos relacionados con la posible pérdida de vivienda, los Servicios Sociales municipales afirman atender a los perjudicados «durante todo el procedimiento», aunque añaden, «al no ser una administración competente en materia de vivienda el foco de atención se centra en la prevención».

Matilda (nombre ficticio) recibió una carta formal de la abogada de su arrendador para que abandonase el piso por impago antes de que iniciase un procedimiento judicial. Es madre soltera con dos menores a cargo y una de las 16.300 familias que atiende la institución local. Lleva meses acudiendo a las oficinas de servicios sociales para poder encontrar una solución a su problema. «Solo pido que se me conceda un piso que pueda permitirme y en el que puedan vivir mis hijos», afirma. Desde que se divorció, ha vivido ahogada en deudas para sacar adelante a sus vástagos. «Durante mucho tiempo no he recibido ningún tipo de ingresos, ¿cómo iba a poder permitirme pagar 600 euros de alquiler más los gastos?», plantea indignada.

En su momento, el Ayuntamiento le realizó un informe positivo de «vulnerabilidad severa», según ha podido contrastar este periódico en los informes a los que ha tenido acceso. Pero las llamadas constantes del arrendador para que abandone el piso no han cesado. «Muchas veces se presenta en casa para decirme que me vaya. Entiendo que quiera su vivienda, pero no puedo quedarme en la calle y no me ofrecen otra alternativa».

Matilda lo único que pide es que se le conceda una de las viviendas de protección social que hay en la ciudad. «Llevo cuatro años inscrita en Etxebide y la única respuesta que me dan es que tengo que esperar, que hay gente a la cola», explica. La dificultad para pagar el piso no es el único problema con el que se encuentra esta familia. «Las condiciones del piso son pésimas. Mis hijos se han puesto enfermos por el exceso de humedad que hay. Y no sólo eso, me he quejado en más de una ocasión en el Ayuntamiento de que entran ratas en la vivienda, pero no he recibido ninguna respuesta clara».

Arakistán González tiene 64 años. Lleva más de 50 en Euskadi. Viene de un pasado complicado y ahora su mayor temor es quedarse en la calle. «Cuando uno ya ha vivido fuera, tiene miedo a encontrarse en las mismas», afirma el hombre. Reside en una vivienda libre y hasta hace poco podía permitirse pagar un piso que le cuesta 700 euros al mes. Pero ya no puede.

El precio medio del alquiler en Vitoria se encuentra en 780 euros, según un informe de Idealista. González sólo puede darle 300 euros al arrendador. En diciembre se le acabó el contrato y ahora está en un limbo. «El dueño quiere que me vaya, me pueden echar en cualquier momento y lo poco que tengo lo voy a perder», lamenta.