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Se bajaron de los altillos las mantas más gruesas con acre olor a alcanfor. De los camarotes se rescataron las estufas catalíticas y el butanero ... volvió a llamar a algunas puertas después de muchos años. Ante el aumento desbocado del precio del gas, con facturas que llegaron a quintuplicarse de repente, el invierno pasado cundió el pavor en miles de hogares alaveses, sobre todo en aquellos con calefacción central. Entre dejar la cuenta corriente o la casa tiritando, muchos optaron por lo primero. Un año después y con el frío a la vuelta de la esquina, las comunidades de vecinos no tienen muy claro todavía si se llegarán a enfrentar a un dilema similar.
En Álava, 24.876 familias calientan su casa con una caldera central de gas, según los últimos datos del Instituto vasco de Estadística, Eustat. Y todas ellas están expectantes ante lo que pueda ocurrir a partir del 1 de enero. Ese es el día en que, al menos en teoría, dejará de estar vigente la tarifa de último recurso (TUR) para comunidades de vecinos. Este fue el instrumento que el Gobierno central creó en octubre de 2022 ante la escalada sin precedentes que vivió el precio del gas a consecuencia de la Guerra en Ucrania.
AL DETALLE
es el precio del kilovatio hora de la 'TUR vecinal' del gas. En el mercado libre cuesta 0,076 euros.
es el IVA al que está sujeto el gas en la actualidad tras la rebaja del Gobierno. Subirá al 21%.
hogares vitorianos están equipados con calderas de gasoil, sin tarifas bonificadas.
Tras varias semanas de presiones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez movió ficha y amplió la tarifa también para los consumidores de gas moncomunado, que se sentían agraviados ante los individuales, que siempre pudieron acogerse a la TUR.
La cuenta atrás de la tarifa bonificada, que el pasado invierno permitió que la mayoría de comunidades pudieran seguir atemperando sus radiadores, comenzó a finales de septiembre, cuando el Ministerio de Transición Ecológica oficializó su fin en el BOE. Desde entonces, las comunidades de vecinos han recibido continuos avisos de las grandes comercializadoras de gas en los que se les recuerda que antes del primer día del año deben cambiar el suministro del mercado regulado al libre, evidentemente con tarifas muchísimo más elevadas.
Ahora mismo, las comunidades que se benefician de la TUR pagan el gas a 4,5 céntimos el kilovatio hora mientras que en la tarifa libre cotiza a 7,6 céntimos: casi el 70% más. Ante este panorama, propietarios y administradores de fincas llevaban semanas haciendo sus cuentas, comparando las ofertas de comercializadoras que han aprovechado para lanzar tarifas fijas especiales. Resignados, los vecinos de varios bloques de Vitoria ya han incluso 'firmado' nuevos contratos.
Sin embargo, esta misma semana, en plena investidura de Sánchez, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen sorprendía al anunciar una suerte de rectificación. En un foro sobre el mercado energético, reconocía como «fundamental» prorrogar la TUR vecinal como una «medida de protección» y deslizaba que el Ministerio, en el que todo apunta a que seguirá al frente Teresa Ribera, estudiaba prorrogar las ayudas.
Esta situación ha generado una gran confusión entre las comunidades de propietarios, donde ya se daba prácticamente por hecho el fin de la tarifa bonificada. «No tendría ningún sentido eliminar la TUR para las comunidades, cuando todavía vivimos en un contexto internacional muy convulso; sigue la Guerra de Ucrania a la que se suma la de Israel contra contra Hamás que también puede influir en los precios», lamenta Javier Montero, presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Álava y Gipuzkoa.
Junto al considerable incremento que supondría la desparición de la conocida como TUR comunitaria, Montero avisa de que también va a 'caducar' de forma inminente la reducción del precio del gas. «Del 21% se redujo al 5%, por lo que, cuando desaparezca esta medida, el precio se va a incrementar otro 16%», expone. La subida hará que muchas comunidades se las tengan que ver y desear para hacer frente a los facturazos que estarían por venir.
Mientras el Gobierno termina de aclararse y tomar una decisión en firme, la medida más inmediata por la que han optado muchos vecinos para tratar de contener el gasto pasa por reducir las horas de funcionamiento de la caldera. «Aquello de tener la calefacción en marcha durante un montón de horas ya es historia», certifica el presidente de los administradores de fincas. «Por lo general, se ha optado por bajar la disponibilidad y nos piden ajustar las temperaturas de funcionamiento», reconoce Juan Torralba, de la firma vitoriana Alysat, que se dedica al mantenimiento y la instalación de sistemas de calefacción.
El pasado año, hubo incluso bloques en la capital alavesa que llegarona tomar la drástica decisión de no poner la calefacción. «Pero eso se decide cuando no ha hecho todavía frío de verdad como pasa ahora», explica Juan Manuel Ábalos, de Abefinsa, especializado en administración de comunidades y fincas, que recuerda que a las afectadas por el 'facturazo' del gas hay que sumar aquellas que dependen del gasoil para calentar sus casas que no cuentan con ayudas. «Aún así, el año pasado, en cuanto llegaron los primeros días de temperaturas bajas de verdad, se encendieron prácticamente con normalidad», destaca, al tiempo que reconoce que este asunto, ha provocado «conflictos importantes» en muchos portales de la capital alavesa. Al final, no es tan sencillo decidir entre dejar los radiadores fríos o la cuenta de la comunidad en números rojos.
Para adherirse a la conocida como TUR vecinal, el Gobierno central estableció un requisito fundamental: que las comunidades con calefacción central tuvieran instalados antes del pasado 30 de septiembre sistemas de contadores individuales, tal y como establece la directiva europea. Lo cierto es que ya hace un año prácticamente la mitad de los bloques alaveses obligados a cumplir con la norma ya habían hecho los deberes y contaban con estos sistemas. Para el resto, las empresas instaladoras vivieron un auténtico boom de solicitudes que «fue imposible cumplir», reconoce Juan Torralba, de Alysat. Esas comunidades que todavía no cuentan con dispositivos que miden el consumo individual han recibido un aviso urgente en el que se les recuerda la obligación de hacerlo, aunque la misma misiva da un pequeño respiro. Aquellas que puedan justificar dificultades técnicas para su instalación, tienen de plazo hasta el 30 de septiembre de 2024, un año más, para cumplir.
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