Usuarios de los servicios sociales de Zaramaga serán atendidos en Arana por un colapso «puntual»

Así, explicó que se derivará a parte de los usuarios a la oficina del barrio de Arana. Este traslado afectará a las personas que residen en las calles más próximas a este recurso, doce, según el cómputo municipal. De entrada, viajarán 90 expedientes ya abiertos de usuarios, al margen de los que puedan derivarse a partir de ahora. A juicio del edil socialista, Arana tiene capacidad para asumir esa carga de trabajo sin que repercuta en el servicio.

López de Munain matizó, sin embargo, que el problema se limita a una «situación de excepcionalidad» y recordó que en el resto de oficinas el plazo de atención desde que se solicita una cita va de los dos a los ocho días de espera. Esos 36 días detectados en Zaramaga «nos parecen muchos y por eso hemos tomado medidas», expuso ante la pregunta de Irabazi.

Porque las causas de este colapso obedecen, explicó López de Munain, «a un conjunto de razones. El perfil de la población en el barrio, con una alta presencia de personas mayores, requiere más tiempo de atención. Y en los últimos tiempos la atención a mayores ha aumentado en número de expedientes, siendo una de las mayores del conjunto de los servicios sociales».

Además, el ratio de expedientes por cada trabajador también es el más elevado de la red municipal, por lo que con esta medida se corregirá esa excesiva carga de trabajo. El sistema de gestión de las citas también será modificado y como medida complementaria en Iparralde se ha reforzado de forma temporal la plantilla con una trabajadora de Arana, que atenderá a media jornada «sin que suponga ningún detrimento en la calidad del servicio de Arana». El edil también destacó que en los casos de urgencia «la atención se prestó al momento». «Es una situación puntual, y creo que hemos reaccionado con agilidad. Hemos tenido suerte de que un barrio limítrofe tiene capacidad para asumir lo que podíamos derivar del servicio saturado», añadió López de Munain.

Adelantos de RGI

Por otra parte, López de Munain cifró en cerca de 1,8 millones los adelantos de la Renta de Garantía de ingresos (RGI), la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y las ayudas de Emergencia Social (AES) concedidas desde el 2015 a cientos de familias por los retrasos de Lanbide a la hora de abonarlas. El PP alertó de que, pese a que existe obligación de devolver el dinero, esto ha supuesto un coste para el Ayuntamiento. A principios de marzo el edil dio la orden de cancelar estos adelantos.