El Ayuntamiento prevé que sus nuevas ayudas sociales mantengan el gasto en 2,8 millones

El también teniente de alcalde explicó que ese equilibrio se logrará porque el Consistorio de la capital alavesa se puede ahorrar alrededor de 1,5 millones anuales cuando definitivamente se apruebe la ordenanza. Hasta la fecha, el Ayuntamiento viene adelantando la RGI competencia del Gobierno vasco a los perceptores que aún no tienen derecho a cobrarla porque carecen de la antigüedad precisa en el padrón local. Como en las nuevas ayudas ya se contemplan subvenciones para este colectivo, se dejará de adelantar la RGI, indicaron fuentes municipales.

El Gobierno PNV-PSE consiguió el apoyo de los grupos de izquierda EH Bildu, Podemos e Irabazi para sacar adelante una buena parte de su proyecto de ayudas municipales, aunque tuvo que ceder en algunos apartados. Enfrente se encontró con el PP, que había trasladado a la comisión de Políticas Sociales las duras críticas sobre el sistema que se pretende poner en marcha, que han denominado «una RGI vitoriana».

El debate quedó polarizado por estas posturas, las del PP por un lado y las del equipo de gobierno y los grupos de izquierda por otro. El concejal del área, Peio López de Munain (PSE), aseguró que la «nueva ordenanza da respuesta a todos los vitorianos sin distinción. Los criterios son iguales para todas las personas porque se basa en criterios técnicos y no políticos».

Con su iniciativa, el equipo de gobierno pretende que se incorporen nuevos aspectos como los desahucios, que no existían o no eran habituales cuando en 1999 se aprobó el reglamento vigente. También se reduce de un año a seis meses la antigüedad necesaria en el padrón para facilitar el acceso a los subsidios del Ayuntamiento. Estos asuntos disgustaron al PP de Vitoria y su portavoz, Leticia Comerón, fue crítica. «Esto es ir marcha atrás. Promueven menos control con un sistema injusto y que provoca un auténtico efecto llamada. Hay que impulsar un programa para que nadie se beneficie de las ayudas sociales durante toda su vida y evitar que personas con delitos graves (yihadismo, violaciones, narcotráfico...) puedan recurrir a ellas», subrayó la edil, quien mostró su desacuerdo especialmente con la prestación básica diseñada para cubrir la alimentación, la higiene, el vestido, o el gasto de farmacia.

Trump 'a la vitoriana'

Estas palabras provocaron que el resto de partidos recordasen el discurso sobre las ayudas sociales defendido por el exalcalde Javier Maroto durante la pasada legislatura. «Donde nosotros vemos situaciones de exclusión, el PP nos habla de yihadistas. Se tienen que dejar de mentiras que estigmatizan al eslabón más bajo de la sociedad», declaró Ane Aristi, de EH Bildu. «Quieren enfrentar a los de aquí con los de allí y se les olvida que Vitoria se levantó con estos dos grupos de ciudadanos», acusó el concejal de Podemos Juan Cerezuela. «Ustedes hacen el discurso de Trump, pero a la vitoriana. Buscan impulsar la política de la crispación y la insolidaridad», subrayó Óscar Fernández, portavoz de Irabazi.

Así, la mayor parte del debate se centró en un cruce de reproches entre el grupo popular y el resto de fuerzas políticas en vez de hablar sobre el documento que se había llevado a debate. Los jeltzales y socialistas consiguieron que la izquierda apoyase una parte importante de las medidas que «han diseñado los técnicos» según López de Munain, pero tuvieron que ceder en asuntos como universalizar la entrada al Comedor Social de Desamparados.