El intento de cobrar una tasa por antenas en el monte abre una guerra entre Diputación y Gobierno vasco

El intento fallido, por el momento, de imponer una tasa a la empresa concesionaria de las telecomunicaciones vascas por el uso de antenas en el monte Zaldiaran ha abierto una polémica entre la Diputación de Álava y el Gobierno vasco. El pueblo de Ariñez ha perdido el primer combate en los tribunales, pero va a seguir en una guerra en la que tiene el apoyo de la Administración foral.

Todo comenzó cuando la junta administrativa de Ariñez decidió regular el uso de la histórica antena de telecomunicaciones del monte Zaldiaran conforme a la Norma Foral de Montes. El objetivo era reivindicar un canon de ocupación de suelo a Itelazpi, la sociedad pública concesionaria de este servicio estratégico. El monte, aunque de utilidad pública, es propiedad del concejo de Ariñez. El proceso se inició en 2011, pero la falta de colaboración de la empresa en ofrecer datos sobre lo que había en el centro emisor, como constata un informe de la propia Diputación, retrasó dos años, siete meses y trece días el peritaje realizado por un auditor neutro; en este caso un grupo de ingenieros de la UPV. Ariñez señalaba que había sufrido muchos cambios y ampliaciones desde que se levantó en el año 1960.

Realizada la inspección de los ingenieros universitarios se dedujo que los ingresos anuales asociados a los servicios de la estación de Zaldiaran ascendían a 1,3 millones de euros al año, sin contar la red de telefonía móvil Tetra. El informe económico calculó que la tasa a favor de Ariñez debía ser una cantidad anual de 21.000 euros que debía pagar la empresa pública Itelazpi. La orden foral por la que la Diputación apoyaba el intento de Ariñez se aprobó en 2014, y en aquel momento, ya a inicios de 2015, la institución alavesa acusó al Ejecutivo autonómico de lucrarse con lo que cobraba y cobra a Itelazpi por el uso de la instalación. Fue en aquellas fechas también cuando el Gobierno vasco anunció que recurriría el canon; iniciativa que llevó a cabo la empresa de forma inmediata.

El argumento de la sociedad dependiente del Gobierno vasco para seguir manteniendo la actividad gratis era que la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas contempla casos como éste en los que no hay utilidad económica para el concesionario, algo que quedó en evidencia que no era así con la auditoría realizada. Además, como señalan los técnicos de la Diputación en un informe, Itelazpi sí abona al Gobierno vasco unos cánones anuales por el uso de bienes de dominio público.

30.000 euros de gastos

Llevado el asunto a los tribunales, el Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a la empresa concesionaria. Sin entrar en el fondo de la cuestión, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo indicaron en su sentencia que el procedimiento de aprobación de la orden foral que marcaba el canon había superado los tres meses, por lo que quedaba anulado y archivado.

«Empezamos un camino para ayudar a las arcas del pueblo y nos hemos encontrado que tenemos que devolver lo cobrado y pagar las costas del juicio. En total, con abogados y todo, unos 30.000 euros. Naturalmente, no duermo pensando cómo vamos a pagar eso. La Diputación se ha comprometido a ayudarnos, pero no hemos visto nada aún. Creemos que son ellos los responsables de haber hecho mal las cosas», explica Arantxa Agiriano, la regidora de Ariñez.

En el pueblo no se explican lo que ha podido pasar, «pero sabemos que si el canon sale adelante abríamos un melón impredecible. Ha habido acuerdos en altas instancias para que esto no saliera adelante», agrega Agiriano.

La situación es muy comprometida para el pueblo de Ariñez, aunque los informes jurídicos realizados por los técnicos forales consideran que tienen razón y se debe cobrar el canon. Además creen que «no dispone la empresa de título que le legitime para ocupar, en las condiciones en que lo hace, el monte Zaldiaran.

«Nunca» en Álava

Fuentes de la empresa Itelazpi aseguran que «nunca se ha pagado por instalaciones en montes de utilidad pública ni en Bizkaia ni en Gipuzkoa. Solamente en seis lugares, todos ellos de propiedad privada, se paga un alquiler. Se trata de Oiz, Barrika y Atxondo en Bizkaia; y de Antzuola, Belar y Bergara, en Gipuzkoa». En Álava todos son montes de utilidad pública por lo que, dicen, no puede haber canon. Itelazpi considera también que haría falta una norma foral, una ordenanza fiscal específica para que se obligue a pagar un canon, algo que no se ha producido.

Tras la estela de Ariñez, Contrasta ha sido el segundo pueblo que se ha sumado al intento de imponer el canon. Otras 58 localidades alavesas están a la espera. El Partido Popular ha solicitado una comparecencia del gerente de Intelazpi en el Parlamento vasco. También se prevé la presencia de la alcaldesa de Ariñez en las Juntas Generales.