El último diputado general de Álava

Tras la victoria de los liberales frente a los partidarios de don Carlos en febrero de 1876, el régimen foral estaba herido de muerte. Relata el historiador José María Ortiz de Orruño que el presidente del consejo de ministros, Cánovas del Castillo, citó a los representantes de las Diputaciones vascas. Estaba decidido a acomodar los fueros a la unidad constitucional. Curiosamente fueron los alaveses liberales los que asumieron la defensa del país. La delegación alavesa estaba compuesta por Mateo Benigno de Moraza, Camilo Castañares, Jacinto Arregui, Genaro de Echevarría, Ramón Argüelles, Ladislao Velasco, Pedro Lahidalga, Ramón de Arriola y los hermanos Bruno y Domingo Martínez de Aragón.

A pesar del brillante discurso de Moraza que, según cuenta Ortiz de Orruño, terminó con un emocionado «a la sombra de los fueros nacimos y a la sombra de los fueros quisiéramos morir», no se torció la voluntad de Cánovas. El País Vasco seguía ocupado por el grueso del Ejército y el presidente del Gobierno tenía una cómoda mayoría parlamentaria. Era el momento.

El artículo primero de la ley de 21 de julio de 1876 extendía «los deberes que la Constitución política ha impuesto a todos los españoles de acudir al servicio de las armas cuando la ley les llame, y de contribuir en proporción de sus haberes a los gastos del Estado, a los habitantes de las Provincias Vascongadas, del mismo modo que a los demás de la nación».

Asegura Ortiz de Orruño en su artículo El régimen foral en el siglo XIX: Las Juntas Generales de Álava entre 1800 y 1877 (dentro del libro de varios autores, Juntas Generales de Álava, Pasado y presente) que la intención de Cánovas no era tanto acabar con la autonomía administrativa de las provincias vascas cuanto asentarla sobre unos fundamentos jurídicos distintos a los que habían regulado hasta entonces su relación con el Estado.

No hubo acuerdo ni transacción por la oposición de las autoridades forales. La resistencia estuvo encabezada por Domingo Martínez de Aragón, que había sido nombrado diputado general por aclamación el 5 de setiembre de 1876. Tres días después, el 8 de septiembre, la Junta General denunció la citada ley por antiforal y nombró una comisión especial para gestionar su derogación.

Dimitir antes que claudicar

Las tres diputaciones hicieron finalmente causa común y se negaron a colaborar con el gobierno central. Es más, solicitaron la mediación de la Corona sin éxito. Acabada la etapa de la persuasión, Cánovas cursó órdenes a los gobernadores civiles para que intervinieran las tesorerías provinciales y activaran el alistamiento militar.

Tantas presiones dieron su fruto. Abrumado por las enormes responsabilidades que tenía ante sí, Martínez de Aragón convocó, previo consentimiento del gobernador civil a la Junta General extraordinaria el 23 de febrero. En su discurso de apertura expuso con toda crudeza los reiterados desafueros cometidos por el Gobierno central, desde la aplicación de las leyes desamortizadoras a la prohibición que pesaba sobre la Diputación para usar el título de foral en sus documentos oficiales. Declaró solemnemente que estaba dispuesto a resistir todas las presiones siempre y cuando contara con el total respaldo de la Junta.

Pero no lo consiguió. La Junta, a pesar de los acuerdos del 8 de septiembre, estaba dispuesta a romper el frente común mantenido hasta entonces con Vizcaya y Guipúzcoa. Era el principio del fin. Tanto Martínez de Aragón como José Gancedo, su teniente de diputado, lo sabían y prefirieron dimitir antes que claudicar. Sin permitir siquiera que la Junta discutiera la renuncia del primer magistrado provincial, el gobernador civil José María Eulate, suspendió la sesión.

Todavía hubo dos reuniones más en 1877, una extraordinaria en julio y otra ordinaria en noviembre, ambas presididas por José Bravo, cabeza visible de los transigentes. En la primera junta tomó dos resoluciones que no hacían sino confirmar la ruptura de febrero. Por un lado, aceptó las renuncias y designó al procurador de Elciego, José Bravo como diputado general y al zuyano José de Irabién, como teniente. Por otro, nombró una comisión especial para negociar con Madrid.

Sin embargo, la negociación no prosperó. Cánovas no tenía ningún interés en entenderse con los alaveses mientras vizcaínos y guipuzcoanos se mantuviesen hostiles. Al sentirse burlada la comisión cambió radicalmente de actitud: en el informe del pleno del 21 de noviembre, se mostró contraria a cualquier transacción que recortará los derechos de la Provincia. Pero ya era tarde. El gobernador disolvió la Junta General, que ya no volvería a reunirse más, alegando la improcedencia de la propuesta. Acababa de clausurar una institución con más de cuatrocientos años de historia.

Un gran político

Domingo Martínez de Aragón había nacido en Vitoria el 12 de mayo de 1828 en el seno de una familia acomodada. Estudió para notario en Madrid. En 1854 ya era concejal del Ayuntamiento. Fue síndico procurador y gracias a él se proyectaron importantes obras como la traída de las aguas de Arechavaleta al Campillo y las del Batan hasta la meseta de las escaleras de San Miguel por medio de tuberías de hierro.

En este tiempo se hicieron también los primeros estudios para la conducción de aguas desde el monte Gorbea. En 1868 fue diputado general y al año siguiente alcalde. En su tiempo se estableció la Universidad de Vitoria, antigua aspiración de los Ayuntamietos precedentes.

El 1 de setiembre inmediato dejó la Alcaldía, y establecida de hecho la Universidad Vitoriana, se matriculó en ella, como alumno, en las clases de Derecho, verificando los ejercicios de Licenciado ante una comisión de Catedráticos de la Universidad de Valladolid el 25 de Octubre de 1870, habiéndosele expedido, en su consecuencia, el correspondiente título de abogado el 20 de noviembre, y quedando incorporado al Colegio de Vitoria, del que más tarde fue nombrado Decano.

El día 5 setiembre de 1876 aceptó el cargo de Diputado General. Su conducta se recuerda como intachable y patriótica . No pudo evitar la ruina del sistema foral, pero salvó con singular prudencia y energía la honra y la dignidad de Álava, mereciendo bien de todo el país bascongado.

Murió en 1883, a los 55 años. A sus funerales asistió un inmenso gentío de todas las clases sociales. Se recordó en ese momento su defensa de los fueros.