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David González
Viernes, 23 de diciembre 2016, 00:28
La familia Manzanares-Cortés, perteneciente al clan de los pichis, obtuvo el alquiler de la vivienda ubicada en el número 48 de la calle El Cristo, en Abetxuko, a espaldas de una de las dos propietarias. Esta mujer, hija de Reme del Barco quien sí ... dio su consentimiento y hasta los empadronó hace ahora tres semanas, ha enviado una desesperada carta de súplica al Ayuntamiento. Denuncia lo que ella considera un engaño y solicita ayuda urgente al gabinete Urtaran y al resto de formaciones políticas.
En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, demanda «asesoramiento y ayuda legal e implicación para anular el empadronamiento y el contrato de alquiler de la manera más rápida ya que lo han realizado sin mi autorización». En uno de los párrafos, esta dueña del «50%» de la propiedad, acusa directamente a Fede García, líder de SOS Racismo Araba, de promover esta maniobra a sus espaldas.
«No he tenido conocimiento del alquiler y empadronamiento hasta que ha sido publicado por los medios de comunicación», comparte con amargura. Esta afectada describe asimismo que «nunca he querido ni vender ni alquilar dicha vivienda, tampoco he querido nunca empadronar en ella a nadie que sea ajeno a mi familia y voluntad».
En ese domicilio, localizado a un par de portales de la casa que los pichis ocuparon durante tres meses, la copropietaria argumenta que «he dejado que mi madre viva en ella» y que todavía guarda «recuerdos» personales. No en vano, allí se encuentra la habitación de su infancia. Desde la entrada legal de los pichis no ha vuelto a pisar ese inmueble. «Es duro, triste, pero real que ahora no pueda ir a mi casa a visitar a mi madre, porque en mi casa viven personas ajenas a mi voluntad sin mi autorización».
A la vía civil
De ahí que insista tanto al alcalde, Gorka Urtaran, como a las demás formaciones que le ayuden. En su momento, Podemos ya sugirió «asesoramiento legal a todas las partes afectadas a través de sus servicios jurídicos». Aquella propuesta no terminó de cuajar.
Fuentes jurídicas consultadas por EL CORREO recomiendan a la afectada, apoyada por la asociación vecinal Uribe-Nogales, que «acuda a la vía civil». Aunque este proceso legal podría demorarse bastante en el tiempo.
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