Censuran la intervención de la Policía Local en el desahucio de Zabalgana

No hubo carga policial, pero sí algún empujón, y los uniformados tuvieron que apartar por la fuerza a varias personas que impedían el paso en el portal. Entre ellas estaban algunos cargos públicos de EH Bildu, Irabazi y Podemos que trataban de evitar el desahucio.

Precisamente, las tres fuerzas de izquierda, que han censurado la intervención policial. Las críticas de estas formaciones vienen porque el pleno municipal aprobó hace un año que Vitoria es un «municipio libre de desahucios». «Este Ayuntamiento, ante la comunicación de un desalojo o desahucio, mediará con la entidad financiera o administrativa para frenar el desahucio, evitando, en su caso, que la Policía Local acuda junto a la comisión judicial, y estudiando la vulnerabilidad de las personas afectadas y una solución adecuada y justa», indica en uno de sus puntos el texto que salió adelante con los votos de EH Bildu, PNV, PSE, Podemos e Irabazi.

La decisión del concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Carlos Zapatero, de enviar ayer patrullas de la Guardia urbana a la zona para «atender el mandato de la Justicia» fue criticada por la oposición de izquierdas. «Ha sido penoso y asqueroso», señaló el abertzale Antxon Belakortu. «La policía debería proteger a la ciudadanía y velar por que se garanticen sus derechos, no agredir a quien intenta defenderlos», añadió Jorge Hinojal (Podemos). «El Gobierno local ha incumplido de forma grave lo acordado por el pleno», concluyó el ecologista Óscar Fernández. Todos ellos han pedido la comparecencia del alcalde, Gorka Urtaran.

Piso tutelado

Según ha podido saber EL CORREO, Anastasia va a ser realojada en una vivienda tutelada. Es una solución temporal, sobre todo para los menores, dado que uno de ellos se encontraba ya bajo tutela de la Diputación de Álava y estaba regresando paulantinamente al hogar familiar. La crisis de ansiedad de la madre, de origen africano, en opinión de las personas cercanas a la familia desahuciada, estaría provocada precisamente por el miedo a que ante la falta de un techo bajo el que vivir lleve a los servicios sociales a retirarle la custodia de sus pequeños. Por el momento, se le garantiza una habitación para esta noche.

Este jueves expiraba el contrato de alquiler que tenía con la sociedad dependiente del Gobierno vasco. Anastasia trataba de negociar una prórroga y una forma de hacer frente a los pagos pendientes, pero Lakua ha preferido rescindir y recuperar la vivienda. Fuentes del Departamento vasco de Vivienda han precisado que si se ha llegado a esta situación es porque «todas las vías de solución planteadas por Alokabide» no han dado resultado. En este sentido, han señalado que la sociedad pública «intenta una y otra vez» evitar los desahucios de personas sin recursos.

Según ha denunciado esta mañána el portavoz de Kaleratzeak Stop Álava, Arturo Val, Alokabide ha ejecutado 57 desahucios este año.