Los trabajadores eventuales de Foronda denuncian al comité por «huelga ilegal»

José María Beltrán, bombero eventual que ya no ejerce en Foronda, aseguró ayer a EL CORREO que la demanda que cursarán en los próximos días contra la plantilla fija del aeropuerto tiene que ver con la votación que la asamblea convocó para el 9 de mayo, en la que se debía decidir si se suspendían los paros hasta septiembre, cuando estaba previsto reanudar la negociación con Aena, la sociedad que gestiona los aeropuertos españoles. Los eventuales, recordó Beltrán, no fueron convocados, «pero nos enteramos de que había asamblea por lo que decidimos asistir. Sin embargo, no nos dejaron votar. Fue una cosa bastante ridícula. No nos consideraron para nada, por lo que entendemos que la huelga es ilegal». Al final, la asamblea decidió mantener los paros. El 3 de junio se convocó una segunda asamblea, aunque en esta ocasión no se realizó ninguna votación.

La gota que colmó el vaso para este colectivo de eventuales fue la decisión de Aena de no prorrogarles el contrato, «cuando existían muchas posibilidades de que continuáramos hasta septiembre. Se fueron suspendiendo vuelos por la huelga, con lo que se decidió prescindir de nosotros, como así lo había anunciado el director del grupo», relató. «Era lógico, porque las compañías iban a buscar otros aeropuertos al saber que había problemas en Vitoria», continuó. La decisión de la sociedad pública de no prorrogar los contratos afectó a un total de 19 trabajadores, «diez de ellos bomberos, dos empleados de operaciones, otros dos técnicos y cinco de Iberia».

Los eventuales de Foronda y el comité ya mantuvieron un enfrentamiento a mediados de junio, cuando los primeros pidieron, a través de un comunicado, el fin de la huelga. Pocos días después, el sindicato UGT denunció que la huelga era «ilegal y encubierta», y que ponía en peligro medio centenar de puestos de trabajo.

Los paros indefinidos en el aeropuerto, convocados el pasado 25 de abril, tienen ahora, por tanto, dos frentes judiciales abiertos. Uno entre el comité y Aena, por las condiciones laborales para atender vuelos a la demanda, a la espera ya de sentencia, y un segundo entre la propia plantilla.