Alberto Canto
Jueves, 2 de junio 2016, 12:59
La Diputación de Álava se personará en el 'caso Denokinn' «si se demuestra que hay un perjucio para el erario público». Así lo ha anunciado esta mañana Pilar García de Salazar, teniente de diputado general, en el transcurso de una comparecencia en las Juntas Generales ... para explicar los pormenores de las subvenciones otorgadas a este empresa por el Ejecutivo foral en 2010 y 2011. En la actualidad, un juzgado de instrucción de Vitoria investiga a la exdiputada de Promoción Económica e Innovación, Arantza Zenarrizabeitia (PNV), y a otras dos persona, entre ellas el que fuera su director foral, Hernando Lacalle, por un presunta caso de malversación de caudales al participar en la concesión de una subvención a Denokinn -empresa sin ánimo de lucro conocida en los tribunales por aparecer en el 'caso Hiriko', que salpica a otros cargos del PNV- sin haber atendido a los principios de publicidad y concurrencia contemplados en la normativa foral.
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En concreto, la Diputación de Álava abonó entre febrero de 2010 y junio de 2011, fechas en las que firmó un convenio, con prórroga incluida, con esta firma, un total de 337.000 euros. El objetivo del acuerdo era identificar las opciones de negocio en el tejido empresarial alavés.
García de Salazar reconoció que existen facturas con los trabajados realizados por Denokinn y un informe «extenso» sobre las actividades que emprendió con diferentes empresas del territorio alavés. «Hubo numerosas reuniones y participaron muchas empresas», señaló. Ahora bien, la 'número dos' de la Diputación alavesa insistió en que «en el hipotético caso de que la resolución judicial demostrara que hubo un perjuicio económico para el erario público, la Diputación intervendrá».
«Sin ningun duda. Se pedirá la reversión del dinero», ha insistido. La política jeltzale recordó, en este sentido, que la Administración foral alavesa pidió el mes pasado la devolución de dos subvenciones que otorgó a proyectos vinculados al Hiriko, al ser declaradas como «incorrectas» por el Tribunal de Cuentas. En concreto, son dos ayudas de 12.000 y 15.000 euros.
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