Vitoria busca tras la sentencia cambiar el contrato de San Antonio

Urtaran quiere que los abogados municipales determinen si tras el fallo del órgano fiscalizador «cabe alguna iniciativa encaminada a minorar cláusulas abusivas», eliminar parte de las condiciones recogidas en el contrato de arrendamiento o anularlo en su totalidad. En octubre de 2013, con una comisión de investigación en el Consistorio ya en marcha, Maroto -entonces al frente de la Alcaldía- logró que Antón rebajase en parte el contrato. Pese a ello, Vitoria sigue pagando una renta cercana a 17.000 euros mensuales, cantidad que el actual regidor ya ha mostrado su intención en reducir.

«No cabía posibilidad»

Durante el gobierno de Patxi Lazcoz (2007-2011), los servicios jurídicos indicaron al Gabinete socialista que era un contrato blindado que se ajustaba a la legalidad y no cabía posibilidad de anularlo. Tras el fallo del Tribunal de Cuentas del pasado viernes, Gorka Urtaran quiere conocer si la situación ha cambiado y se abre algún resquicio legal. En la sentencia, la consejera de cuentas -nombre que reciben estos magistrados- cataloga de «injustificadamente gravoso» este contrato e incluso estima que los demandados incurrieron en una «negligencia grave».