La oposición exige paralizar la subida del IBI en la VPO y acusa a Urtaran de «ocultarla»

El grupo de EH Bildu fue el primero en salir al paso para adelantar que este incremento en el IBI «no se podrá aplicar» ante las dudas que sus concejales tienen sobre si se ajusta a derecho. Por eso, Miren Larrion y Antxon Belakortu exigieron al Ayuntamiento «que dé marcha atrás de oficio», negando que el Gobierno carezca de responsabilidad al respecto. «El que emite los recibos es el Servicio de Gestión Tributaria de Hacienda, claro que lo gestiona el Ayuntamiento», zanjaron.

«Sin notificar»

Los ediles reconocieron que esta situación supone «una quiebra de confianza» en el PNV, al que acusaron de «ocultar datos, tanto a los grupos políticos durante el debate de las ordenanzas fiscales y la negociación presupuestaria como, lo que nos parece más grave: a las personas afectadas». EH Bildu remarcó que la actualización de los precios de los pisos de VPO podría quedar anulada porque, para empezar, choca con el artículo 13.5 de la ordenanza municipal del IBI, que establece que «los procedimientos de valoración colectiva de carácter general o parcial requerirán la aprobación de una nueva ponencia de valores», algo que en este caso no se ha producido. Además, la norma foral del IBI también dice en su artículo 11.7 que los valores «deberán ser notificados individualmente a cada sujeto» en el año anterior a su entrada en vigor, y como eso no ocurrió en 2016 la teórica subida debería posponerse a 2017.

Las distintas normativas que afectan al impuesto también han sido revisadas en los últimos días en los despachos del PP. El concejal Manu Uriarte, que el viernes compareció con Javier Maroto para tachar esta subida de «puñalada trapera», consideró que «hay posibilidades de echar atrás el incremento de este año en los pisos protegidos». El exresponsable de Hacienda no especificó la manera de conseguir la congelación, pero sí deslizó que «puede que se pueda hacer como plantean otros grupos o con una alternativa que estamos barajando. Lo principal es que ninguno de los miles de propietarios de VPO sufra este año ese aumento».

El socialista Peio López de Munain, socio de gobernabilidad de Urtaran, anunció que había pedido una reunión con el alcalde «para pedirle explicaciones y trasladarle nuestro desacuerdo, porque no puede ser que de la noche a la mañana te encuentres con un recibo que ha crecido un 28%». A su juicio, el PNV «no ha actuado bien porque, de cara a la ciudadanía, la imagen que se traslada es que ha actuado a escondidas y ha sido poco claro y transparente. Ha actuado como si hubiera querido esconder un elefante en una caja, algo que es imposible. Hay que buscar una salida a esta situación». Por su parte, Podemos comparecerá hoy para dar su opinión.

Los grupos esperan la comparecencia del alcalde -aún sin fecha- para despejar varias incógnitas. Entre ellas, si es cierto que, como aseguran algunas fuentes de la Diputación, el Ayuntamiento sabía «desde septiembre» que el valor de miles de pisos de VPO iba a subir, lo que afectaría al IBI. El diputado general, Ramiro González, aseguró ayer que la Diputación es «una mera intermediaria entre el Gobierno vasco y el Consistorio. Nosotros hemos cumplido nuestra competencia y obligación de transmitir los valores catastrales al Ayuntamiento».