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Iosu Cueto
Martes, 12 de abril 2016, 01:17
El valor fiscal de las viviendas de Vitoria ha caído una media del 35% según la revisión del catastro realizada por la Diputación de Álava, pero la intención del Ayuntamiento de mantener su recaudación a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) ha generado la ... primera polémica municipal por este concepto. Mientras que el Gabinete Urtaran estudia aumentar el tipo de gravamen que aplica el Consistorio -en la actualidad el 0,222%- para calcular la cuota final del tributo, el PP salió ayer al paso para dejar claro que el recibo de 2017 deberá «bajar» para ajustarse al nuevo catastro. «De lo contrario, el IBI será un atraco», zanjó el concejal Manu Uriarte, responsable de Hacienda durante la pasada legislatura.
Sin embargo, el alcalde ha respondido esta manaña, en Radio Vitoria, alegando que «si se reduce recaudación del IBI habría que cerrar servicios públicos». Para el político nacionalista, que apunta al 0,3% como posible nuevo gravamen, «las críticas del PP sopn propias de un partido irresponsable, que sabe que no tiene opción de gobierno en la ciudad en mucho tiempo, y que por eso puede plantear imposibles».
El valor fiscal de los pisos sirve de base para calcular los impuestos que debe pagar cada propietario por ser titular de un inmueble y afecta tanto al IBI como a la Plusvalía. En teoría, se revisa cada ocho años para que este índice tributario se aproxime al precio real de las viviendas en el mercado, aunque no siempre es así. La penúltima actualización se hizo en 1988 y no se repitió hasta 2004, cuando se produjo el polémico catastrazo. La Diputación acaba de realizar la nueva revisión, que, a diferencia de las anteriores, ha registrado una caída media del 35% en las valoraciones. Algo lógico, si se tiene en cuenta que ha llegado después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
El Ayuntamiento calcula la cuota del IBI, también conocido como contribución o catastro, mediante la aplicación de un tipo de gravamen -actualmente es el 0,222%-, a partir de la valoración catastral que realiza la Diputación. Es el propio Consistorio el que acuerda ese tipo cada año dentro de unos límites que marca la ley. Al recibo final se le aplican las posibles bonificaciones y el resultado, llamado deuda tributaria, es lo que hay que abonar. Es decir, que aunque el valor catastral de un piso cambie, el Consistorio puede modificar después el recibo.
Subida «escalonada»
Y eso es, precisamente, lo que el Gabinete Urtaran pretende hacer para proteger los ingresos del impuesto que más dinero deja a la ciudad, unos 45 millones al año. El concejal de Hacienda, Borja Belandia, explicó a este periódico que «hay margen suficiente» para equilibrar los ingresos porque el tipo máximo «es del 1,5%, pero ni siquiera hará falta llegar a él». A su juicio, el Ayuntamiento debe debatir esta situación en la ponencia de fiscalidad y ver si es posible aplicar «una subida escalonada» que evite «incrementos traumáticos como el que se pretendía hacer con el IAE». El edil jeltzale también planteó la necesidad de «ajustar algunas bonificaciones por renta», sobre todo en el caso de las que afectan a amplios pisos del centro o casas cuya valoración catastral es muy superior a la media. «Deberíamos proteger la vivienda elemental, pero no es normal que una persona pueda tener una rebaja de hasta el 90% en el IBI aunque viva en un chalé si no se superan unos ingresos. Hablamos de un bien, no de renta. Es un error mezclarlo todo».
Por su parte, Uriarte dijo que «el PNV debe asumir que la recaudación del IBI debe reducirse», aunque no precisó hasta qué punto. Para defender su postura, puso el ejemplo de una persona que un año cobra un 35% menos que el anterior. «Si ahora percibe menos, no sería justo que en la declaración de la renta pagara lo mismo que antes», destacó.
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