Vitoria, condenada a pagar 141.000 euros por suspender el sistema de alquiler de bicis eléctricas

En mayo de 2011, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) aprobó un expediente para la «contratación de instalación, gestión y mantenimiento de un sistema automático de alquiler de bicicletas en Vitoria». En abril de 2012, un consejo extraordinario de este organismo municipal dio el visto bueno a la selección de la oferta -por cuatro años a razón de 5,78 millones- presentada por la alianza entre Prisma Global y Moventia. A principios de 2013, el consejo rector del CEA decidió «renunciar a la formalización y al perfeccionamiento (es decir, la firma) del contrato» con el único voto a favor del PP.

Una decisión que -como es obvio- descontentó a la UTE, que primero presentó una reclamación y que provocó que los servicios jurídicos municipales señalasen en un informe que el Ayuntamiento estaba obligado a pagar los gastos derivados de la renuncia de esta contratación. Un documento que, sin embargo, no se presentó a los consejeros del CEA. Finalmente, los empresarios acudieron al Contencioso-administrativo.

En junio de 2015, los tribunales reconocieron a Prisma Global y Moventia su derecho a ser indemnizados con 50.565 euros más intereses legales desde el 24 de abril de 2013. Una cantidad que no satisfizo a la UTE, que recurrió. Por eso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado una sentencia en firme que ahora obliga al Consistorio de la capital alavesa a indemnizar con 141.187,03 euros, a los que se estima que también se deben sumar entre 25.000 y 30.000 euros en intereses, más costas judiciales.

«Herencia del PP»

«Lamentablemente, ésta es una más de las herencias envenenadas que nos ha dejado el PP. Si en su momento se hubiera cumplido la ley y escuchado a los servicios jurídicos, nos ahorraríamos pagar esta sentencia por su forma de actuar basada en la confrontación y la falta de transparencia», lamentó el actual presidente del CEA, Borja Belandia (PNV).