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Ander Carazo
Viernes, 11 de marzo 2016, 01:15
El pleno votará el próximo viernes una moción para determinar si el Ayuntamiento finalmente acude a la Justicia contra los responsables del asalto policial a la asamblea que el 3 de marzo de 1976 se celebraba en la iglesia de San Francisco, en Zaramaga, y ... que se saldó con cinco trabajadores muertos y un centenar de personas heridas. El alcalde Gorka Urtaran ha trasladado a la oposición una propuesta que está abierta a las aportaciones de la oposición con el objetivo de conseguir el mayor apoyo de la Corporación vitoriana. «Sigue sin haberse reconocido a las personas asesinadas como víctimas de violencia, y por tanto sin haber sido sujetos de reconocimiento y reparación del daño causado (...) Cuarenta años después, desde la convicción de que restaurar la convivencia exige clarificación de los hechos, que el tiempo pasado ya es excesivo y que esta institución debe implicarse en el esclarecimiento de los mismos», afirma el texto inicial.
Cuando hace una semana planteó a los portavoces su intención de abrir una causa penal «para acabar con la impunidad» y sumarse al proceso abierto en Argentina por la jueza María Servini contra los crímenes del franquismo, el regidor recibió el inmediato apoyo de EH Bildu, mientras que Podemos e Irabazi lo supeditaron al voto de sus asambleas, y PP y PSE pidieron tiempo para estudiarlo.
La propuesta de Urtaran censura la «inacción» de la Justicia y demanda que se asuma la normativa internacional sobre derechos humanos «y, en consecuencia, (se) proceda a investigar aquellos terribles hechos». Ayer, el documento fue remitido a los grupos y «proclama que debe otorgarse reconocimiento, reparación, rehabilitación e indemnización a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas por agentes del poder público, en igualdad respecto de otras víctimas y sin ningún tipo de discriminación o escalonamiento».
«Esclarecer los hechos»
A la espera de las aportaciones y modificaciones que se realicen por parte de los partidos con representación en el Ayuntamiento de la capital alavesa, el alcalde sostiene que se les equipare con víctimas del terrorismo «e insta al Gobierno vasco a que, de conformidad con sus facultades y competencias, continúe materializando» sus derechos.
El objetivo del regidor es acudir a los tribunales para «esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades penales o de cualquier otro tipo que correspondan».
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