Mari Luz lucha para no quedarse en la calle con sus tres hijos

Mari Luz es vecina de Vitoria desde hace catorce años. De origen boliviano, tiene un trabajo fijo desde 2008, lo que le permitió en 2011 acceder a un piso de alquiler de Alokabide «grande, porque tengo dos hijos y una hija», que ahora cuentan con 22, 20 y 18 años. Los tres están a su cargo y siguen viviendo bajo el mismo techo que su madre en esa casa ubicada en el barrio de Zabalgana. Sin embargo, si un acuerdo de última hora no lo impide, el próximo día 18 será desahuciada en cumplimiento de una sentencia judicial que le fue notificada en octubre tras acumular una deuda con la entidad pública de 3.600 euros.

En el momento en el que le fue concedida la vivienda, Mari Luz, que ahora tiene 43 años, podía hacer frente sin problemas al pago de la renta (300 euros), los gastos de comunidad (100) y los recibos de agua luz y calefacción. Mari Luz, que trabajaba para una subcontrata que prestaba servicio a Ayuntamiento y Diputación vio modificadas sus condiciones laborales en 2013, al producirse cambios y pasar a depender de dos empresas. «Pasé de cobrar entre 1.200-1.500 euros a 800», explicó ayer. Finalmente llegó hasta los 1.000 tras arreglar la situación contractual gracias a la intervención «del sindicato ELA». A los gastos del piso y de manutención de su familia tenía que sumar «unos préstamos personales que tuve que pedir. Entonces no llegaba. Si pagaba los préstamos y el alquiler, no teníamos para comer».

Apoyo de Stop Desahucios

Apoyada por la plataforma Kaleratzeak Stop Araba, busca una solución a su problema. Además de la reducción de la nómina, este año ha visto mermados sus ingresos debido a un periodo de baja. «Entonces aún cobraba menos», lamenta. Así, ante la imposibilidad de pagar acudió a Alokabide -que ha ejecutado 121 desahucios en el País Vasco en 2015- en busca de una rebaja en el alquiler que no logró. También pidió ayuda en el Ayuntamiento «que le puede dar 1.000 euros, pero debe 3.600», explicó Arturo Val, miembro de Stop Desahucios, colectivo que envió hace diez días una carta al consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, para pedirle que el Gobierno vasco le asigne un piso y evitar que se quede en la calle.

Mari Luz, que también ha recibido ayuda «de una sobrina, que tiene dos hijos» y a la que «también le debo dinero», fue informada por una asistente social en el Ayuntamiento de que le darían cupones para que vaya con sus hijos al albergue si finalmente es desahuciada. Mientras, Kaleratzeak Stop Araba ha remitido el caso a la concejala de Políticas Sociales, pero de momento no ha obtenido respuesta. La plataforma recuerda que según la Ley de Vivienda tiene derecho a que le faciliten un hogar, ya que se trata de un núcleo familiar en riesgo de exclusión social.