El alquiler de San Antonio, preguntas y respuestas

¿De qué local se trata?

La sociedad Sbayre, propiedad del empresario y expresidente del Alavés, Gonzalo Antón, compró la lonja de 892 metros cuadrados, tres plazas subterráneas de aparcamientos y un trastero a la constructora Sarkis, que levantó pisos de lujo sobre el antiguo convento de las Reparadoras en la calle San Antonio. El 13 de enero de 2006, en pleno boom del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, Antón pagó 2,72 millones de euros.

¿Cómo se interesa por él el Ayuntamiento?

Ni siquiera habían transcurrido diez meses cuando el empresario, a través de una inmobiliaria local, ofreció el inmueble tanto al Ayuntamiento como al Departamento foral de Asuntos Sociales. Precisamente, por esas fechas, al Gabinete de Alfonso Alonso le surgió la necesidad de contar con espacio para acoger los servicios de Atención a la Ciudadanía y Padrón y para el traslado de la Oficina de Turismo, que entonces se encontraba en la plaza General Loma y por la que se pagaba un alquiler elevadísimo, por lo que no se quiso prorrogar.

¿Cuándo se firma el acuerdo?

El poco interés de la Diputación contrastó con la rápida respuesta recibida por los responsables del Ayuntamiento que, por correo electrónico y en persona, aceleraron los contactos a través de Paco Liberal, "número dos" de Antón y de la empresa Sbayre. El 16 de febrero de 2007, las conversaciones culminaron y el empresario firmó un arrendamiento que le supone (pese a la renegociación de 2013) recaudar un importe "no inferior al doble del valor de compra del local", 399 días antes, como concluyó la investigación municipal.

¿Por qué fue un contrato polémico?

El contrato fue polémico desde el mismo momento de su firma. Incluía un compromiso que ataba al Ayuntamiento por 20 años (y eso que inicialmente la propiedad planteaba 10) y unas cláusulas de blindaje que obligaban a desembolsar 6,16 millones de euros a las siguientes cinco corporaciones. El contrato se firma el último año de bonanza antes de la crisis, con el mercado inmobiliario disparado y el ladrillo en la cresta de ola. Al margen de su precio de alquiler, la importante reforma de la lonja, que se encontraba en fase de obra, fue sufragada por las arcas municipales, aunque cuando concluya el alquiler volverá a manos del hostelero. Y su renta se actualizaba por el Índice de Precios al Consumo (IPC) más un incremento que variaba entre el 1% y el 9%, sin tener en consideración el informe de la unidad de valoración del Departamento de Urbanismo. Por todo ello, la comisión de investigación determinó que se trataba de un contrato innecesario y gravoso para la ciudad.

¿Fue denunciado el contrato alguna vez?

No. Ni siquiera en la época de Patxi Lazcoz, del PSE, como alcalde (2007-2011). En plena presión política y mediática, el actual regidor, Javier Maroto, logró rebajarlo en octubre de 2013. Pese a ello, Vitoria sigue pagando una renta mensual superior a 17.000 euros.

¿Cuándo se empieza a investigar el contrato?

Desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014, una comisión municipal trató de poner luz sobre el contrato y su expediente fue remitido, a propuesta del PNV, al Tribunal de Cuentas del Estado. El órgano fiscalizador abrió diligencias hace diez meses y en septiembre nombró a una delegada instructora, Mónica Rino García Camacho.

¿Qué investiga el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal considera que son tres los extremos en los que se ha pactado un 'precio superior' al que correspondía en el contrato de San Antonio. La Instrucción señala que el importe del arrendamiento de los locales durante 20 años pactado en 2007 no puede "justificarse en modo alguno", teniendo en cuenta las recomendaciones del informe técnico del 12 de enero de 2007 y que, a tenor de los hecho, el equipo de Gobierno local ignoró completamente. El alcalde entonces, Alonso Alonso, hoy ministro de Sanidad, y los siete ediles de su equipo de gobierno acordaron con el empresario pagar un alquiler superior al recomendado por los técnicos, actualizarlo por encima del IPC y además, pagar los gastos de comunidad.

¿Qué ha decidido hoy el Tribunal de Cuentas?

El Tribunal de Cuentas, según ha hecho público hoy, considera responsable al entonces alcalde Alonso, ahora ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de adjudicar el sobreprecio al empresario Antón. Así consta en el Acta de Liquidación Provisional de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, según han desvelado partes interesadas. El documento declara asimismo presuntos responsables contables junto a Alonso (con "existencia de un presunto perjuicio en los fondos del Ayuntamiento") a otros siete ediles de la Junta de Gobierno Local en febrero de 2007. Alonso y los concejales, entre ellos el actual alcalde, Javier Maroto, deberán de hacer frente al pago de más de medio millón de euros -entre principal e intereses- por irregularidades contables en concepto de fianza.