Álava pondrá fin a la discriminación fiscal que sufren los hombres divorciados

En un comunicado, los dos colectivos explican cómo en el 86% de los casos de divorcio, la custodia de los hijos y el uso de la vivienda se adjudica a las madres hasta que los vástagos se independizan económicamente. En la práctica, eso supone que el 73,5% de los padres y el 4% de las madres debe salir del hogar conyugal, pero eso no les exime de seguir pagando la hipoteca, la pensión alimenticia y hasta la compensatoria, con lo que se quedan en una situación «muy precaria» que «en muchos casos raya la exclusión social».

Así, tras una separación, el 37% de los hombres se ve obligado a vivir con padres o familiares; otro 33,8% sólo se puede permitir vivir en piso compartido y, de acuerdo con los datos de estas agrupaciones, hasta un 22% habilita locales o garajes.

Así pasan años. Pero en el momento de liquidar o vender el piso conyugal, la persona que lo ha estado usando tiene derecho a no pagar nada a Hacienda por esa venta y desgravársela en concepto de reinversión en vivienda habitual. Sin embargo, al que se ha tenido que ir de esa casa no se le reconoce ese mismo derecho y, además, debe pagar el impuesto de incremento de valor patrimonial, algo que en algunos casos ha rondado los 28.000 euros. Esto agrava la situación «ya precaria» de estas personas, denuncian.

Amapase y Kidetza aseguran haber logrado el compromiso unánime del diputado de Hacienda y de los grupos de la oposición para acabar con esta desigualdad.