El Tribunal de La Haya modifica la frontera marítima entre Chile y Perú

En una decisión lo más solomónica, la Corte Internacional de Justicia de La Haya aceptó ayer parcialmente correr el límite marítimo entre Chile y Perú en beneficio de este último. La demanda había sido presentada por Lima el 16 de enero de 2008 y fue aceptada por el tribunal pese a los reparos del Gobierno chileno, que pretendía mantener el estatus quo. La Corte reconoce que el límite pase desde tierra por el paralelo -como rige hasta hoy y como reivindica Chile- pero sólo hasta la milla marítima 80 y no la 200 como señala la demarcación actual cuestionada por Perú. A partir de esas 80 millas, la línea debe ir hacia el sudoeste para permitir incorporar a Perú una nueva zona marítima.

El equipo de defensa chileno emitió un comunicado en el que «lamenta profundamente» esta modificación que según su perspectiva «carece de fundamento», pero adelantaron que aceptarán la resolución al ser «vinculante». En tanto, pescadores del norte del país recibieron la sentencia con calma y satisfacción.

El fallo estuvo precedido por una gran expectativa en ambos países y un cierto triunfalismo mostrados desde el lado peruano. Chile y Perú arrastran una rivalidad desde la Guerra del Pacífico (1879-83) cuando Chile derrotó a una coalición peruano-boliviana y se quedó con parte del territorio de los dos países vencidos.

Durante el Gobierno de Alan García, Perú presentó la demanda ante La Haya pese a la resistencia de Chile, que reivindicaba acuerdos de mediados del siglo XX como definitivos. Para Perú, en cambio, esos convenios no eran tratados de límites sino regulaciones para la actividad productiva y exigió por tanto un pronunciamiento del tribunal. «Algo se ha ganado y todos estamos contentos», declaró ayer García.

En las últimas semanas, el presidente chileno, Sebastián Piñera, había venido reiterando que acatará el fallo. Por su parte, en Lima, el mandatario peruano Ollanta Humala también comprometió su apoyo a la decisión que adoptase el tribunal, que es inapelable. Ambos ejecutivos deberán ahora establecer la forma de poner en marcha la nueva demarcación en una zona que es rica en actividad pesquera, minera y de gas.