La Policía concluye que el PP financió de forma ilegal actos electorales de 2002 a 2004

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) asegura que el PP financió de manera irregular mítines y otros actos de partido apoyándose en la trama Gürtel. Ésta es la principal conclusión a la que llega la Policía en uno de sus más amplios informes -265 páginas- sobre la red corrupta que salpica a los populares y en el que analiza la documentación que se incautó en su momento en las oficinas centrales de la trama de Francisco Correa, en el número 40 de la madrileña calle de Serrano.

De acuerdo con el informe, fechado ayer y firmado por el jefe del Grupo de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales, el PP usó hasta cuatro vías diferentes ilegales para pagar actos de carácter político entre 2002 y 2004. El primero de estos atajos de financiación irregular fue la «facturación a una fundación vinculada orgánicamente al PP con cambio de concepto y de entidad». Según el informe, Special Events, la empresa de Gürtel especializada en montaje de eventos y que fue beneficiada por innumerables contratos públicos y privados por parte del partido y de las administraciones públicas regidas por los populares, «emitió facturas» por actos realizados para el PP de Madrid en las campañas de las elecciones autonómicas de 2003 y europeas de 2004, así como en los congresos regionales de 2002 y 2004, que luego se «transformaban en actos desarrollados para Fudescam», una fundación ligada al PP madrileño, «cambiando el concepto realmente prestado y de la entidad destinataria».

La Policía afirma que Fundescam recibió «fondos» de «empresas privadas adjudicatarias de obras o servicios públicos» y que parte de esas comisiones se «destinaron a financiar actos realizados en las campañas electorales del Partido Popular».

La segunda vía de financiación irregular de actos del PP que recoge la Udef es la que denomina «fondos en efectivo de origen desconocido». Los investigadores sostienen que documentos de la campaña de las elecciones gallegas de 2001 «indican» que numerosos «gastos de ejecución de los actos» fueron «abonados» por tres cheques bancarios, dos de los cuales fueron cobrados por el propio Correa, y otros tres pagos opacos del propio PP, cuyo origen sigue siendo una incógnita que tampoco el partido ha podido aclarar.

«En dinero B»

La tercera fórmula con la que PP sufragó de forma ilícita sus gastos de campaña, según la investigación policial, fue «mediante la utilización por parte de la organización de dinero ajeno al circuito económico legal». Esta estrategia, se asegura en el informe, se usó particularmente en la Comunidad Valenciana, en particular para sufragar el XVII Congreso del PP en aquella región. La propia Special Events, Correa, en realidad, hizo un regalo a los populares, pues pagó de su bolsillo a los proveedores del acto 81.653,64 euros «en dinero B», que posteriormente fueron «repuestos mediante dos entradas de 30.000 euros y 50.000 euros a la caja B de Serrano». Ese mismo sistema se usó para abonar un acto el 13 de noviembre de 2004 en el Palau de la Música de Valencia, en el que la empresa de eventos de Gürtel sufragó de sus arcas directamente 16.061,27 euros.

La cuarta ilegalidad, siempre según el documento de la Udef, que cometió el PP y algunos de sus dirigentes a cuenta de los actos electorales fue el «reparto entre los miembros de la organización y personas vinculadas al Partido Popular de parte de los beneficios generados por la ejecución de campañas». En esta última vía tuvo un papel central la sociedad Rialgreen, que fue contratada por los populares para la realización de las campañas autonómicas y generales celebradas en 2003 y 2004. Esa empresa, a través de otra firma llamada Spinaker 2.000, sirvió para que buena parte del dinero de los actos del PP acabara en negro en -asegura la Udef- los bolsillos de Correa, el extesorero Luis Bárcenas, el exeurodiputado Gerardo Galeote y el exmarido de la ministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda.

Este largo informe, que era uno de los que Pablo Ruz había reclamado con urgencia a la Policía para encarar la recta final del 'caso Gürtel', también confirma uno de los extremos más delicados para el PP, que el propio partido y las administraciones que gobernaba fueron la principal fuente de origen de dinero ilícito de la trama. El documento insiste en que el origen de la fortuna que llegó a amasar Correa procedió sobre todo de la «contratación pública de eventos y servicios» amañados de la Comunidad de Madrid, la Generalitat valenciana y los ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte.

La Udef incide en que los gobiernos que presidió Esperanza Aguirre «fraccionaron» una y otra vez los contratos para soslayar los concursos públicos y así beneficiar al enjambre de empresas de Correa, entre ellas Diseño Asimétrico, Good & Better o Servimadrid. En Valencia, explica la Policía, el procedimiento fue el mismo que en Madrid.