La juez atribuye a los imputados un plan para dar a los remeros de Urdaibai productos prohibidos

La juez de Gernika encargada de las diligencias previas de la 'Operación Estrobo', que como adelantó ayer EL CORREO atribuye un posible delito contra la salud pública a los diez imputados en el caso -cuatro de ellos vinculados directamente con Urdaibai-, considera que todos ellos, «puestos de común acuerdo, idearon un plan para facilitar a los remeros diversas sustancias no permitidas por las autoridades sanitarias deportivas y destinadas a aumentar su capacidad física con el objetivo de ganar el mayor número de regatas y competiciones».

Los productos, que según las pesquisas y escuchas telefónicas llevadas a cabo por efectivos de la Guardia Civil a partir de que el técnico de Kaiku, José Luis Korta, denunciara los hechos al término de la Bandera de La Concha de 2010, habrían sido adquiridas en diferentes establecimientos de Bermeo, Portugalete, Cáceres, Andorra y Munich, así como a un matrimonio de Córdoba. La lista estaría compuesta por insulina, Dexametasona, EPO, Darbepoetina Alfa, Efedrina, albúmina humana, hormona luteinizante, hidrocortina fosfato sódico, nandrolona-decanoato, Piracepam y Tetracosactida, entre otras, bajo diferentes nombres comerciales.

Maynar, figura clave

En su auto, la magistrada señala que, «a fin de supervisar el suministro de tales sustancias a los remeros», el entonces técnico de la 'Bou Bizkaia', José Manuel Francisco, y el presidente de la entidad, Josu Zabalondo, contactaron con el médico deportivo cacereño Marcos Maynar, al que desde que el caso llegó a la justicia se considera una de las figuras clave de la trama. De hecho, es a través de este facultativo «como Zabalondo, Francisco y Borja Garay -médico entonces de Urdaibai- habrían tomado conocimiento de los productos a comprar, los métodos y las rutinas de aplicación, así como la identidad de las personas o establecimientos en los que se podían obtener», añade el texto de la juez.

Maynar sería también, según la juez, la persona que habría puesto en contacto a los miembros del club vizcaíno con el matrimonio de Córdoba formado por Antonio Arenas y Teresa Mesa, que también se encuentran entre los imputados por un delito contra la salud, concertando la remisión de tres envíos por mensajería -agosto y septiembre de 2010- que supuestamente contenían Eritropoyetina (EPO) y Darbepoetina alfa (Aranesp).

Los 'txos' habrían abonado por ello un total de 3.040 euros en tres pagos de 2.000, 440 y 600 euros, respectivamente. Según las investigaciones, Maynar habría realizado, además, varios envíos desde Cáceres a Bermeo mediante una empresa de paquetería que supuestamente contenían distintas sustancias prohibidas «adquiridas en fechas inmediatamente anteriores» en la farmacia de Mercedes Romano, otra de las imputadas.

La juez ha concedido ahora diez días a la Fiscalía y a la acusación popular formada por José Luis Korta y la Asociación de Clubes de Traineras (ACT) para que presenten sus escritos de acusación antes de que el caso pase al juzgado de lo penal de Bilbao, que será el encargado de fijar la fecha de la vista oral.

Hasta mayo o junio de 2014

Según las estimaciones, este proceso no tomará cuerpo antes de mayo o junio del próximo año con la temporada arraunlari ya en marcha. Con independencia de lo que suceda en el futuro con el procedimiento penal, la conclusión de las diligencias previas en Gernika reactivarán probablemente en los próximos días el expediente disciplinario abierto por la ACT a Urdaibai en agosto de 2011 por vía deportiva y cuya tramitación fue suspendida cautelarmente por el entonces Juez Único de Disciplina de ACT, Miguel Juane.

Tras la reciente marcha del cargo de Juane, será sus sustituto, José Luis Carretero, el que deberá abordar el complejo asunto. La noticia desvelada ayer por EL CORREO volvió a remover los cimientos del remo vasco, aunque ninguna de las partes afectadas quiso posicionarse sobre el auto que imputa a diez personas en el 'caso Estrobo' de dopaje. La Federación Vizcaína, que ayer aseguró a este periódico no tener aún «conocimiento oficial» del auto, contactó con sus asesores jurídicos y con la Federación vasca, «a la que estamos supeditados», para recabar información al respecto y «ver cómo debemos actuar», explicaron desde el máximo estamento federativo del remo en la Provincia.