PP, PNV y CiU aprueban que los vigilantes privados puedan detener en la calle

Las competencias de los vigilantes privados aumentarán de manera cualificativa gracias a la ponencia que aprobó ayer la comisión de Interior del Congreso, con los votos a favor de PP, CiU y PNV. Tanto es así que si el Senado no modifica este texto, fuertemente contestado por PSOE e Izquierda Plural, los trabajadores de las empresas que vigilan establecimientos privados podrán identificar, cachear, y detener a ciudadanos en zonas comerciales peatonales, cines, teatros e instalaciones deportivas. Es más, la ponencia abre la puerta a que, previa autorización gubernamental, los vigilantes puedan realizar estas funciones en cualquier espacio público. La ley dota igualmente de una mayor protección jurídica al personal de seguridad, de manera que las agresiones y desobediencias que sufran cuando actúen, si están debidamente identificados los infractores, tendrán la misma calificación penal que si se hubieran cometido contra agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La norma, cuyo primer borrador aprobó el Consejo de Ministros hace ocho meses, abre la puerta a que el Ministerio del Interior o las delegaciones del Gobierno encarguen a vigilantes jurados la seguridad de urbanizaciones, zonas comerciales abiertas o polígonos industriales que hasta ahora sólo podían custodiar Policía Nacional, Guardia Civil o Policía Local.

No todo son beneficios para estas empresas. La norma intensifica el control del Estado sobre estas sociedades y, por primera vez, se regula de manera detallada y completa las actividades de investigación frente a la escasa regulación actual.

El PP sostiene que, pese a las novedades, la protección privada será en todos los casos «complementaria, subordinada y controlada» por la actuación de los funcionarios públicos. El Grupo Popular logró el apoyo de CiU y PNV para esta ley tras introducir unas 70 enmiendas de ambas formaciones nacionalistas. Entre ellas, una de gran calado: Cataluña y País Vasco tendrán las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operen en sus respectivos territorios. «La interacción de los intereses de todos es completa», aseguró el diputado jeltzale Emilio Olabarria, para quien la ley «es buena pero mejorable».

Privatización

El PSOE sustentó su rechazo a la norma porque la considera como un «nuevo ataque del Gobierno del PP al Estado social» que proclama la Constitución, según expresó el portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín. Para el diputado socialista, esta ley permitirá una especie de privatización de la seguridad ciudadana, entendida como servicio público atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. «A partir de ahora, sus funciones podrán ser ejercidas por la seguridad privada según el criterio económico, es decir, lo que sea más barato», acotó.

Trevín lamentó el incumplimiento del compromiso del Ministro del Interior a dialogar y buscar acuerdos con el medio centenar de enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, que fueron finalmente rechazadas. «Las grandes empresas privadas de seguridad están de enhorabuena, porque son las principales beneficiadas de esta ley. A su juicio, el Gobierno renuncia con esta ley a seguir concibiendo la seguridad como un derecho para convertirla en un negocio. «Quiere convertirla en una mercancía que pueda comprarse o venderse para impulsar definitivamente el principio de los conservadores: que cada uno tenga la seguridad que pueda pagarse», declamó.

Los responsables del Ministerio de Interior niegan la mayor y, mediante un comunicado, recalcaron que «resulta de todo punto demagógico sostener que, al amparo de este precepto, los vigilantes de seguridad podrán practicar cacheos y detenciones arbitrariamente». De hecho, advierten de que «en caso de que así lo hicieran, incurrirían en las correspondientes figuras de delito tipificadas en el Código Penal. Lo que sí admite Interior es que los vigilantes sólo podrán detener a quien acaba de cometer un delito; sólo si lo ha cometido en el ámbito de su protección (el lugar protegido) y deberán poner al presunto delincuente inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sin proceder a su interrogatorio.

CiU, pese a votar a favor, considera necesario que durante su tramitación en el Senado Jordi Jané se revise «en profundidad» que la complementariedad de las empresas de seguridad privada con respecto a la pública «esté enmarcada en una subordinación».