El Tribunal de Cuentas acusa al Consorcio de Aguas de incumplir la legalidad

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha revelado en un informe que el Consorcio de Aguas de Busturialdea ha incumplido la norma que rige la contratación administrativa. Las obras del colector de Sukarriet, según detalla, fueron adjudicadas en 2008 por 9,2 millones de euros y tras su modificacion para acometer una serie de trabajos complementarios, adjudicados en 2010 y 2011 el coste se elevó a 14,8 millones, un 61% más que lo previsto.

Esta desviación presupuestaria trasgrede, en palabras del tribunal fiscalizador de las cuentas de las distintas administraciones y entes públicos del País Vasco, los principios licitatorios de la normativa de contratación al desnaturalizar tanto el objeto contractual como el volumen económico del contrato.«Es preciso que se lleve a cabo un nuevo convenio en lugar de una modificación del contrato primitivo», advierte.

Este es uno de los incumplimientos de la legalidad que el tribunal califica de «razonable». Asimismo, el suministro de energía eléctrica supuso un coste en 2011 de 222.745 euros y para la contratación de este servicio, el Consorcio quebrantó los principios de publicidad y concurrencia.

Añade, además, que la reducción de las tarifas que se llevó a cabo en 2010 originó el desequilibro en las operaciones corrientes «de forma que no se ha podido hacer frente ni siquiera a los costes del servicio. La modificación de tarifas en 2012 incrementará los ingresos y, deberá financiar el remanente de tesorería negativo de 31 de diciembre de 2011», apuntaron.

El tribunal considera que la entidad que gestiona el agua en Busturialdea debe elaborar un plan que recoja actuaciones tanto en ingresos como en gastos corrientes que incremente el ahorro neto y permita atender los vencimientos del préstamo, las necesidades de reposición de inversiones y los futuros gastos de funcionamiento que pueda generar la puesta en marcha de nuevas inversiones en 2013.

Obra complementaria

Con respecto a la ejecución del Plan de Saneamiento de la comarca, aunque con retraso, el Consorcio ha ejecutado importantes inversiones, «pero es fundamental obtener financiación complementaria para finalizar la actuación para que las inversiones realizadas puedan ser operativas», reconocen.

Para el Consorcio de Aguas es «falso» que se transgrediera la normativa de contratación, ni que las obras sufrieran un incremento del 61% respecto al precio original de la obra de saneamiento. A juicio de su presidenta, Iratxe Arriola, la actuación adjudicada por 9,2 millones fue objeto de una modificación que incrementó el precio del contrato, «un importe acumulado del 39%, suma inferior al 50% que fija como límite la Ley de Contratos del Sector Público. Era una obra complementaria que se confió al contratista principal y por tanto no hubo ilegalidad a la hora de contratar», admitió Arriola